El Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla ha condenado al pago de una multa de 150 euros al parlamentario de IULV-CA por Sevilla y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, y al portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, por los disturbios que tuvieron lugar el pasado mes de julio de 2009 frente a la Casa Rosa, sede entonces de la Presidencia de la Junta, y que concluyó con varias personas contusionadas.

Durante el juicio celebrado el pasado día 18 de octubre, la Fiscalía consideró a ambos responsables de una falta leve de desobediencia a la autoridad, por lo que pedía para Cañamero el pago de una multa de 200 euros y para Sánchez Gordillo el pago de 300 euros, aunque ambos defendieron en todo momento su inocencia y anunciaron que, a partir de ese momento, no acudirían a más juicios ni citaciones policiales "como respuesta a la profunda y persistente represión policial y judicial".

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez considera probado que los hechos tuvieron lugar el día 1 de julio de 2009, cuando tres agentes de la Policía Nacional se encontraban en la Casa Rosa formando parte de un dispositivo policial de seguridad "al ser el punto previsto" para la finalización de una manifestación convocada por el SAT.

Según añade la juez, los manifestantes "procedieron a ocupar el perímetro de seguridad y parte de la calzada interrumpiendo el tráfico", a raíz de lo cual los agentes comunicaron a los "dirigentes" de la manifestación, Sánchez Gordillo y Cañamero, "que no podían acampar" en dicha zona, "avisando reiteradamente en cuatro o cinco ocasiones para que desalojaran el lugar".

"con los pies por delante"

Al hilo de ello, y según narra la sentencia consultada por Europa Press, los denunciados "hicieron caso omiso a las órdenes recibidas e incitaron a los demás manifestantes para que no se moviera nadie", e incluso en una de las ocasiones Sánchez Gordillo, "dirigiéndose a los allí concentrados, dijo que no se moviera nadie y que tendrían que sacarlos con los pies por delante".

De este modo, recuerda que los dos imputados, así como los testigos propuestos por estos, "se limitaron a negar los hechos alegando que se trataba de una reunión pacífica y que no opusieron resistencia activa", así como que "le dijeron a los mandos policiales que iban a hacer resistencia pacífica", pero la juez considera que los denunciados "desobedecieron las órdenes de los agentes".

La juez entiende que, en el presente caso, "se dan los requisitos exigidos legal y jurisprudencialmente" para condenarlos por una falta de desobediencia a agente de la autoridad, ya que "la orden fue dada por agentes de policía en el ejercicio de sus funciones; era una orden concreta para que desalojaran el perímetro de seguridad e iba dirigida especialmente a los manifestantes".

"Los denunciantes, con pleno conocimiento de la orden, hicieron caso omiso de la misma hasta el punto que hubo que ser reiterada en cuatro o cinco ocasiones, teniendo que proceder al desalojo los agentes policiales", según prosigue la juez, quien, por todo ello, condena a ambos al pago de una multa de 150 euros y al abono de las costas procesales.

HASTA 1.000

Militantes concentrados

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 1 de julio de 2009, cuando unos 1.000 militantes del SAT se concentraron frente a la entonces sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, tras iniciar la marcha en Villaverde del Río (Sevilla), para demandar medidas que paliaran la crisis en el medio rural. El SAT reivindicaba, entre otras cosas, un trabajo público o en su defecto desempleo indefinido para todos los parados del campo; un 'PER' extraordinario para los parados del medio rural "que dé trabajo al menos durante cuatro meses", y una moratoria de pagos de las hipotecas para todos los que estén en paro.