El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a la 'número dos' del PSM, Trinidad Rollán, a ocho años de inhabilitación especial para cargo público por prevaricar en 2001 en Torrejón de Ardoz, municipio del que era alcaldesa en ese momento.
Junto a Rollán han sido condenados a la misma pena Francisco Martín Rojas, actual portavoz adjunto del grupo socialista en dicho municipio y ex edil de urbanismo, así como Valentín Gómez.
Los otros once acusados, entre ellos la diputada socialista en la Asamblea madrileña Esperanza Rozas, han sido condenados a siete años de inhabilitación especial para cargo público. El juicio se llevó a cabo por un presunto delito de prevaricación cometido en en 2001 y vinculado al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, del que Rollán era alcaldesa en esa época.
En su escrito previo, la Fiscalía acusaba a Trinidad Rollán y a otros trece concejales de haber aprobado un "convenio urbanístico" a pesar de que el secretario del Ayuntamiento y el interventor les advirtieron de su "ilegalidad".
Según el escrito de acusación, el convenio lo suscribió el concejal de Urbanismo Francisco Martín Rojas en dependencias del Ayuntamiento, el 14 de septiembre de 2001, con la entidad Patrimonios Siglo XXI.
En virtud de ese convenio, dicha sociedad "materializaría a su costa las obras de urbanización de terrenos propiedad del Ayuntamiento" en una unidad denominada "Mancha Amarilla" en el Plan general de Ordenación Urbana, por un monto económico previsto de 539.291.000 de las antiguas pesetas.
El secretario del Ayuntamiento, en un informe emitido el 23 de noviembre de ese año, advirtió de la "ilegalidad" de ese convenio por no "ajustarse al procedimiento de concurso" y por "el fondo del negocio pactado". El 26 de noviembre de 2001, el pleno del Ayuntamiento de Torrejón aprobó el convenio, que fue elevado a escritura pública el 20 de enero de 2002.
El Partido Socialista de Madrid ya ha anunciado que recurrirá la sentencia.
Reacción de Tomás Gómez
El secretario general del PSM, Tomás Gómez, aseguró que la sentencia ratifica "que no ha habido ningún enriquecimiento personal de ninguna de las personas que estaban imputadas" y que "se trata de una condena por una decisión de carácter administrativo".
"Para mí es esencial que no haya habido corrupción y que no haya habido un solo asunto de un solo euro", manifestó Gómez.
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