El Tribunal de Cuentas (TCU) ha remitido al Ejecutivo ceutí para que formule alegaciones si lo desea los anteproyectos aprobados titulados 'Informe de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de sus Organismos Autónomos y de las sociedades por ella participadas, ejercicios 2002 a 2004' y de 'Informe anual de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicio 2005'. En ellos el órgano fiscalizador es especialmente crítico con el proceder del primer Gobierno de Juan Vivas (PP) durante esos cuatro ejercicios en materia de contratos públicos, concesión de subvenciones, gestión de Personal, entramado de sociedades públicas y justificación del uso de los fondos europeos y estatales que recibe la Administración local.

En el ámbito de las licitaciones el tribunal advierte de que "se aprecian deficiencias generalizadas en las actuaciones preparatorias de los contratos de obras" y denuncia que se utilizó "indebidamente" el procedimiento de emergencia para contratar proyectos.

"Deberían establecerse los criterios de adjudicación con mayor claridad y precisión y especificarse también los métodos o formas de asignación de las puntuaciones de los correspondientes baremos", reivindica el TCU, para que "todas" las empresas interesadas en cualquier licitación "puedan conocerlos" para preparar sus ofertas, en cuya valoración el TCU solicita a la Ciudad que valore las bajas económicas "aplicando los baremos establecidos para este criterio en toda su extensión, así como regularse la apreciación de temeridad en las bajas como una presunción a resueltas de las justificaciones que los licitadores puedan presentar y en función de las bajas medias".

"Se ha observado una práctica consistente en el fraccionamiento injustificado del objeto de contratos, de forma que las cuantías derivadas de dichos fraccionamientos no superen las establecidas en la normativa para los contratos menores, eludiéndose así, indebidamente, las actuaciones preparatorias, de tramitación de los expedientes y de adjudicación mediante formas y procedimientos con publicidad y concurrencia general, propias de los contratos mayores", completa el Tribunal.

Los informes consideran que existen "evidentes" pruebas de "deficiencias y debilidades" en la concesión de subvenciones: "La mayoría de los convenios celebrados entre la Administración General de la Ciudad y particulares tuvieron como objeto subvencionar actividades genéricas y no singularizadas, lo que implicó que, posteriormente, se admitieran algunos justificantes por conceptos muy diversos e implica una falta de rigor en el control de la aplicación de los fondos a actividades de interés público", alerta.

Sobre los fondos europeos y estatales que percibe la Ciudad Autónoma el Tribunal de Cuentas lamenta que en el periodo fiscalizado "ni la Administración de la Ciudad, ni Procesa han efectuado las preceptivas comunicaciones a la Intervención General de la Administración del Estado sobre las irregularidades detectadas en la gestión de los programas comunitarios, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento Comunitario 1681/1994, relativo a las irregularidades y a la recuperación de las cantidades indebidamente abonadas, en el marco de la financiación de las políticas estructurales".

PERSONAL

El capítulo de Personal es uno de los que más llaman la atención del Tribunal. "Las carencias y debilidades puestas de manifiesto en la gestión de los gastos de personal, de la actividad subvencionadora y de los ingresos tributarios por la Administración de la Ciudad, sus Organismos autónomos y Empresas públicas", subraya, "deben superarse mediante una evaluación exhaustiva de los procedimientos implantados por las diferentes unidades gestoras que conduzca, por una parte, al cumplimiento riguroso de la normativa que regula estas materias y, por otra, a la mejora del control interno en estas áreas de actividad de las entidades de la Ciudad Autónoma".

Para ello se reivindica, entre otras cosas "agilizar los trabajos para la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Administración de la Ciudad, con el contenido previsto en la legislación básica sobre la función pública". "En numerosos expedientes de contratación —critica— no consta la justificación de la necesidad de su objeto para los fines del Servicio público o, cuando figura el informe requerido a estos efectos por la normativa, su contenido carece de un nivel de concreción razonable".

"La recurrente situación deficitaria de los resultados generados por la casi totalidad de las sociedades mercantiles de la Ciudad", alerta el TCU sobre las empresas públicas de la Admnistración local, "aconseja una revisión y análisis sobre la oportunidad del mantenimiento de estas inversiones de acuerdo con criterios de eficiencia y economía en el empleo de los recursos públicos".

El Ejecutivo ceutí ha convocado este martes a los grupos de la oposición (UDCE y PSOE) a una reunión extraordinaria de la Comisión Especial de Cuentas de la Ciudad para analizar el contenido de los dos informes elaborados por el Tribunal.