La Unión General de Trabajadores de la Región de Murcia y sus federaciones regionales de Servicios Públicos (FSP) y de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) han expresado su "absoluto, frontal y permanente" rechazo a la batería de medidas que el PP de la Región de Murcia, con la "instigación y complicidad del Gobierno regional", ha presentado a través de una proposición de ley que, a su juicio, "pisotea los derechos de los empleados públicos de la Comunidad".

Así, ha considerado que "perjudica a todos los ciudadanos de la Región de Murcia que sufrirán el deterioro de los servicios públicos"; situación que, en su opinión, "ha sido provocada, entre otros, por los propios gestores de esa Administración pública Regional".

Y es que, ha reprobado, "tras la incapacidad de los gestores públicos para buscar una salida equilibrada a esta persistente situación de crisis, el PP en la Región y el Gobierno regional reinciden nuevamente en reprender a las 55.000 familias de los empleados públicos de todos los sectores de la Administración Regional, sanidad, educación y administración general y servicios".

De igual modo, UGT ha criticado que "utilizando un procedimiento excepcional y extraordinario en unas fechas como las actuales, y con la finalidad de evitar la información, negociación y dictámenes del Consejo Económico y Social y del Consejo Jurídico de la Región, y de espaldas a los representantes de los trabajadores, el Gobierno regional ha elaborado y entregado al Grupo Parlamentario Popular una proposición de ley que anula gran cantidad de acuerdos por aquél suscritos en materia retributiva de los últimos años".

De ahí que haya exigido a los gestores públicos de la Comunidad de Murcia de los últimos años "las responsabilidades a que haya lugar por la ineficiente gestión llevada a cabo durante ese tiempo hasta hoy".

UGT ha calificado esta proposición de ley de "fruto de la incapacidad de los actuales responsables regionales para remontar la situación de crisis; un castigo al empleado público y a sus 55.000 familias".

Por lo que ha solicitado a los diputados regionales el voto en contra a una proposición de ley y la "inmediata" convocatoria de la Mesa General de Negociación, además del llamamiento al resto de centrales sindicales para el ejercicio conjunto de las correspondientes acciones contra estas "tan perjudiciales y regresivas medidas para el empleo público, la Administración pública y la sociedad murciana en general".