La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) celebrará del 14 al 17 de diciembre el juicio contra la ex alcaldesa de Torrejón de Ardoz y actual secretaria de Organización del Partido Socialista de Madrid (PSM), Trinidad Rollán, así como de toda la Corporación municipal de esta localidad en el año 2001 por su implicación en el 'caso Patrimonio Siglo XXI', ha informado el TSJM en un comunicado.

La Fiscalía del TSJM acusa a cada uno de los imputados de un delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal en relación con el artículo 78 de la Ley de Bases del Régimen Local. Cada uno de los acusados se enfrenta a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Además de Rollán, se sentarán en el banquillo de los acusados la diputada Esperanza Rozas; Francisco Martín Rojas; Julia López Jiménez; María del Mar González Romero; Josefina Ginovart Amorós; María de los Desamparados Gallego Alfaro; y Francisco Montero Almirón. También serán juzgados L. T. C.; Valentín Gómez Goraz, Luis Ceres Rodríguez; Juana Fernández Rodríguez; Félix Ortega Arias; y Juan Francisco López Gárate.

El escrito de acusación señala que en 2001 la corporación del Ayuntamiento de Torrejón, en la que se encuentra Rollán o la diputada regional del PSOE Esperanza Rozas, votó favorablemente un convenio urbanístico entre el Consistorio y la entidad Patrimonio Siglo XXI S.A., por valor de 539.291.000 pesetas (3.241.204 euros), a pesar de que durante el pleno "se puso de relieve su ilegalidad" y los miembros del equipo de gobierno eran "plenamente conscientes de que no era legal".

El texto señala que en virtud del convenio la sociedad "materializaría a su costa las obras de urbanización de terrenos propiedad del Ayuntamiento en la unidad de Ejecución 19 denominada 'Mancha Amarilla' ubicada en el PGOU" del municipio.

El pasado 15 de noviembre, el secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, comparó la imputación de Rollán con una "multa de tráfico" y aseguró que no tiene "ninguna duda" de que el caso no va a tener ninguna consecuencia jurídica.

"Nada tiene que ver una multa de tráfico, que desde luego, de ese proceso judicial no tenemos ninguna duda que no va a tener ninguna consecuencia jurídica, pero nada tiene que ver, en todo caso, una multa de tráfico con atracar un banco. Nada tiene que ver un asunto puramente de una decisión administrativa y que no va a tener consecuencias judiciales con lo que estamos viendo y viviendo en las administraciones que gobierna el PP", señaló entonces Gómez.