El asturiano que este año pidió formalmente al Principado la excarcelación de su hijo, declarado incapaz en Villabona, para que pueda ser internado y recibir tratamiento para la enfermedad mental que padece, ha decidido presentar una reclamación económica "testimonial" contra el Gobierno regional, ante la "inactividad" de éste y el empeoramiento de la situación, confirmaron a Europa Press fuentes cercanas.

El padre, recluso al igual que su hijo en la prisión de Villabona, presentará esta semana próxima una reclamación administrativa previa en procedimiento de responsabilidad patrimonial de la administración contra el Principado, al que pide una indemnización de un euro diario desde el día que se decretó la incapacitación judicial de su hijo, el 12 de septiembre de 2008, hasta que sea trasladado desde la prisión a un centro psiquiátrico especializado.

Con esta cantidad "testimonial", el reclamante, representado por el letrado ovetense José Manuel Fernández González, quiere incidir en la falta de centros especializados en Asturias donde poder atender la enfermedad de su hijo, para así poder dar cumplimiento a la Ley.

A este respecto, el artículo 60 del Código Penal dice que "cuando, después de pronunciada la sentencia firme, se aprecie en el penado una situación duradera de trastorno mental grave que le impida conocer el sentido de la pena, el juez de Vigilancia Penitenciaria suspenderá la ejecución de la pena privativa de libertad que se le hubiera impuesto, garantizando que reciba la asistencia médica precisa, para lo cual podrá decretar la imposición de una medida de seguridad privativa de libertad de las previstas en este Código".

Según los informes, su hijo, que cumple condena por varios delitos, padece "esquizofrenia con frecuentes episodios psicóticos de descompensación y un retraso mental leve asociado a una politoxicomanía, por lo que precisa supervisión de control del tratamiento al ser incapaz de seguirlo por propia iniciativa".

De hecho, la Consejería de Bienestar Social le reconoció, el 18 de septiembre de 2008, un grado de discapacidad de un 73 por ciento, momento desde el que la institución regional pasó a tutelar al joven.

Asimismo, en el escrito se responsabiliza concretamente a la Consejería de Bienestar Social, tutora legal de su hijo dada su incapacidad, al no haber buscado una solución al problema. También se hace hincapié en que hay una relación causal entre la situación de deterioro médico y mental de su hijo y la responsabilidad de la Consejería.

El padre también recalca la presión que él mismo sufre, al ver como se agrava el estado de salud de su hijo, ingresado en el módulo de Enfermería de la prisión, y por "los problemas de enfrentamiento" con otros internos debido a las molestias causadas por su éste, motivadas a su vez por su enfermedad mental.

Por todo ello, ha presentado escritos ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, el Principado y hasta la procuradora General del Principado, pero sin obtener una solución. Es más, desde la Procuradoría se le ha comunicado que, tras pedir informes a la Consejería de Bienestar Social, "no aprecia mala praxis ni vulneración de derechos" por parte de ésta, aunque decretando un seguimiento periódico del caso.

Fruto de algunos de los trámites realizados, está el informe forense realizado a mediados de este año, en el que se constata que el hombre "no comprende de modo completo el sentido de la pena", al presentar "trastorno de la personalidad, trastornos relacionados con sustancias, esquizofrenia y otros trastornos psicóticos", entre otros.