En un comunicado, la empresa Asón Inmobiliaria, propietaria del rascacielos que ardió en la madrugada del 13 de febrero del 2005 , indicó que en la instrucción judicial sobre suceso "ha quedado acreditado que el edificio Windsor estaba en regla" y se ajustaba perfectamente a la normativa aplicable en materia de seguridad anti-incendios.

Dos culpables: la empleada que fumó y los vigilantes

Añade que aunque la instrucción no ha culminado, "de las pruebas obrantes en los autos se puede deducir ya la causa del incendio" que atribuye a "la conjunción de dos actuaciones negligentes: la de quien originó el fuego al fumar en un despacho (una empleada de Deloitte) y la de los vigilantes encargados de la seguridad del edificio", y agrega que "consta también que la actuación de los bomberos fue más que mejorable".

En su comunicado, Asón Inmobiliaria recuerda que el fuego se inició en el despacho 09 de la planta 21 y detalla que, cuando sonó la alarma, sólo había dos personas en el Windsor: una en la planta 9 y otra en la planta 21.

La empleada de la planta 21 "admitió que fumó en el despacho esa noche" y, en la grabación de la cámara de seguridad, según los propietarios del inmueble, se le ve abandonar el edificio "dos minutos después de que la alarma de incendios advirtiera que había fuego en su planta".

En concreto, añade la nota, "quienes acudieron al fuego en esos primeros momentos describen un recorrido que lleva justamente al despacho 09".

La actuación de los bomberos 

Los propietarios afirman que consta también en autos que la actuación de los bomberos "fue más que mejorable" y aunque recuerdan que "tal vez, como alegan, llegaron al incendio cuando era tarde" y el fuego rompía por fachada pasando a la planta 22 "lo cierto es que a pesar del número creciente de bomberos que se encontraban allí, atacaron el fuego durante poco más de diez minutos y no con continuidad".

Para Asón Inmobiliaria, los bomberos acometieron además su labor "exactamente igual que lo habrían hecho en una casa cualquiera".

El comunicado concluye que "aclarado en buena medida lo sucedido, la empresa propietaria del edificio confía ahora en poder resarcirse del extraordinario perjuicio que se le ha ocasionado".

La demolición del inmueble, situado en el madrileño complejo Azca, costó 15.362.620 euros, cantidad que cobrará la empresa encargada de los trabajos de desmontaje a cuenta de la previsión de 17 millones de euros aportada al Ayuntamiento por los propietarios del edificio, Asón Inmobiliaria.

Las obras de demolición, realizadas con cuatro enormes grúas que fueron desmontando la estructura calcinada, se prolongó durante seis meses.

NOTICIAS RELACIONADAS