La Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos/as de Centros Públicos (Freapa-CP) ha reclamado la Junta de Extremadura la aprobación de la Ley de Educación en la presente legislatura, y ha destacado que aunque su deseo sería que "fuese aprobada por unanimidad", apunta que "esto no es técnicamente imprescindible".

En la reunión de la Junta Directiva, Freapa ha reclamado que se apruebe esta norma "en los términos que actualmente está redactada", ya que la considera "una herramienta importantísima para el desarrollo del sistema educativo, y la mejora de la calidad y equidad de la educación en Extremadura".

"Nuestro deseo sería que dicha Ley fuese aprobada por unanimidad, si bien es cierto que esto no es técnicamente imprescindible, y que dicha ley puede ser aprobada por la mayoría de la Asamblea", informa la federación en nota de prensa.

Además, ha apuntado que si esta ley contase con el apoyo de los dos grupos políticos en la Asamblea "esto supondría una cierta novedad", ya que según ha apuntado pues la ley de los presupuestos generales para Extremadura, así como otras leyes, "se aprueban año tras año por mayoría absoluta".

Recuerda que incluso las leyes orgánicas del Estado se aprueban por la mayoría del Congreso, y ni tan siquiera la Constitución fue aprobada por Unanimidad de las Cámaras Legislativas.

Así, Freapa ha señalado que ve con "preocupación las" "líneas rojas" y las cuestiones "irrenunciables" que el Partido Popular viene planteando a través de los medios de comunicación, "condicionando así el apoyo a dicha Ley educativa".

Freapa-CP asegura que se opone "radicalmente" a "considerar la enseñanza privada concertada tan importante como la pública, o que el Gobierno regional tenga que destinar más fondos para equiparar el salario de los profesores de los colegios privados, con el de su profesorado funcionario".

En opinión de esta federación, la enseñanza concertada "es y debe ser subsidiaria de la pública, solo allí donde no llega la oferta pública, se deben concertar plazas escolares privadas", y ha señalado que atender a la libre demanda de las familias que quieran que sus hijos estudien en un centro privado, "podría llegar a significar tener que cerrar unidades o colegios públicos y despedir al profesorado".