El Gobierno central ha pagado 1,5 millones de euros por algunos terrenos adquiridos para la implantación del centro penitenciario en el municipio valenciano de Siete Aguas, en concreto, por parte de la carretera de acceso y el área de integración paisajística. El resto de zonas necesarias para otras infraestructuras se adquirirán por medio de expropiación forzosa al no haber llegado a un acuerdo amistoso con sus propietarios.

Así consta en una respuesta parlamentaria al diputado popular Esteban González Pons, recogida por Europa Press, con fecha de 20 de septiembre de 2010. En ella se deja constancia, en general, de que la elección de Siete Aguas es fruto de varios estudios que han determinado que esta zona es susceptible de albergar un centro de estas características.

El Ejecutivo ha explicado que durante la fase de selección de los terrenos para la instalación del centro se realizó un estudio técnico que tuvo en cuenta criterios técnicos, medioambientales y económicos que posteriormente fueron desarrollados en la tramitación ambiental.

Una vez identificados los terrenos más adecuados, el Ejecutivo contactó con los propietarios de los mismos y llegó a un acuerdo para su compraventa con algunos de ellos, por los que ha pagado 1,5 millones de euros. Los terrenos necesarios para el resto de las infraestructuras de servicios se adquirirán por medio de expropiación forzosa al no haber llegado a un acuerdo amistoso con sus propietarios, según expone en el escrito.

El 18 de mayo de 2009 se inició la tramitación medioambiental ante el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), en aplicación del Real Decreto-ley 1/2008, que aprobaba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

El MARM realizó hasta tres consultas a diversos organismos que consideraba afectados de la Administración central y autonómica y cuya contestación entendía que era imprescindible. El pasado 15 de diciembre de 2009, emitió la resolución que daba traslado a las contestaciones y definía la amplitud y el detalle del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) a realizar.

Además, al igual que en el resto de las implantaciones de centros penitenciarios realizadas por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), en el entorno rural —es uno de los criterios fundamentales de localización— se estudiaron todas las legislaciones en materia medioambiental e integración paisajista de ámbito nacional y, sobre todo, autonómico.

En este sentido, el EsIA identificó todos los impactos posibles que pudiera generar el centro penitenciario en el entorno y también las afecciones que el entorno podía generar hacia el propio centro penitenciario, con el objetivo final de compatibilizar la infraestructura penitenciaria con el entorno y minimizar todos los impactos.

Tramitación medioambiental

SIEP, según expone el Gobierno, ha priorizado la tramitación medioambiental en la selección de los terrenos. En el caso del área seleccionada en Siete Aguas, la calificación urbanística de más del 96 por 100 de la zona es Suelo No Urbanizable Común sin ningún tipo de protección, mientras que menos del 4 por 100 dispone de protección forestal. Por lo tanto, ha afirmado que "no existe ninguna incompatibilidad en materia de estrategia y ordenación del territorio".

Además, el EsIA ha analizado las posibles afecciones a las zonas protegidas de Villingordo, Sierra de Malacara, la Microrreserva de flora en Puntal de la Nevera y Umbría del Fresnal, y se ha definido la construcción del centro penitenciario como "perfectamente compatible" con estas áreas protegidas.

El EsIA incluye un documento específico del análisis del riesgo de incendio y humo que pudiera sufrir el centro penitenciario. En este análisis se ha tenido muy en cuenta la legislación autonómica en materia de prevención y extinción de incendios, superándose los parámetros mínimos de distancias de seguridad, vías de evacuación o entorno forestal que se especifican.

Este análisis, según ha señalado el Gobierno, "permite acotar las circunstancias de riesgo y propone una serie de medidas correctoras o compensatorias encaminadas a reforzar la alerta temprana del incendio, disponer de los medios técnicos necesarios para combatirlo y definir las bases del plan de emergencia y evacuación necesario, tanto para la amenaza de incendio como de humo, con el fin último de garantizar la seguridad y la integridad de internos y funcionarios".

Al respecto, ha indicado que la amenaza de riesgo de incendio y humo "es una más de las consideradas" por la Administración penitenciaria e incluidas en el Plan de Emergencia y Evacuación del centro penitenciario, que "oportunamente redactará incorporando los medios humanos y técnicos para garantizar su cumplimiento", ha aseverado.