IULV-CA ha solicitado en el Parlamento andaluz la celebración de un debate monográfico con propuestas de resolución en la Cámara andaluza sobre el "pleno desarrollo" del Estatuto de Autonomía de Andalucía antes de la celebración de las próximas elecciones generales en 2012, "tal y como van a hacer Cataluña y País Vasco", según ha indicado este martes el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas.

En rueda de prensa, en la que estuvo acompañado por el portavoz en materia económica de IULV-CA, Pedro Vaquero, Valderas ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que se comprometa con el desarrollo pleno del Estatuto y que demande al Gobierno de la Nación la igualdad de condiciones para la Comunidad en materia de competencias respecto a otras regiones.

En esta línea, el líder de IULV-CA ha afirmado que el desarrollo completo de la norma estatutaria otorgará a la comunidad "poder de decisión" en el conjunto del país. A su juicio, el País Vasco "le ha ganado la partida" a Andalucía, en lo concerniente a la transferencia de nuevos recursos y competencias, a raíz del acuerdo entre el PNV y el PSOE para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011.

"Con este acuerdo se va a ahondar más la brecha de convergencia entre el Norte y el Sur", ha subrayado Valderas, quien ha criticado la "pasividad" de los 62 diputados andaluces en el Congreso de los Diputados. "Son incapaces de alzar la voz como hacen los vascos, quienes terminando consiguiendo más cosas", ha añadido el coordinador general de IULV-CA.

Entre las enmiendas que su formación va a presentar a los PGE para 2011, Valderas ha mencionado la puesta en marcha de un plan extraordinario en el medio rural; un nuevo Plan E en el conjunto del Estado; la elaboración de un nuevo sistema de financiación local; una cláusula que garantice que las competencias que se concedan a otras comunidades también vengan a Andalucía; el mantenimiento de la ayuda de 426 euros para los parados sin prestación; una moratoria para el déficit fiscal de las comunidades y ayuntamientos; o un mayor nivel de endeudamiento también para comunidades y entes locales.