Los docentes universitarios deberán acreditar un nivel suficiente de catalán

  • Se pedirá el nivel C de catalán o diplomas equivalentes.
  • Quedan exentos los profesores visitantes, eméritos y los honorarios.
  • También se fija la necesidad de acreditar conocimiento del castellano a profesores que enseñen español a extranjeros.
Imagen de archivo de la Universidad Autónoma de Barcelona.
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Imagen de archivo de la Universidad Autónoma de Barcelona.

El Consejo Ejecutivo del Gobierno catalán ha aprobado este martes un decreto de despliegue de la Ley de Universidades de Cataluña (LUC) que exigirá a los nuevos profesores universitarios funcionarios y contratados un nivel "suficiente" de catalán para garantizar los derechos lingüísticos de los alumnos.

Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo del Gobierno catalán la portavoz del Gobierno, Aurora Massip, este nivel se exigirá solamente a los nuevos profesores que entren como funcionarios y contratados, y afectará a los que ya trabajan en las universidades si quieren formar parte de un nuevo proceso de selección.

Quedan exentos de esta norma los profesores visitantes, los eméritos y los que desarrollan actividades honorarias en los centros superiores. "El decreto asegura un nivel exigible para asegurar la competencia adecuada de los profesores", ha dicho Massip.

Los docentes afectados por la norma podrán acreditar el nivel de suficiencia presentando el título de nivel C de catalán, así como diplomas equivalentes. Otras opciones que propone el Gobierno catalán es la presentación de un certificado emitido por las universidades, que deberán impartir formación específica a los docentes o evaluarlos a través de sus servicios lingüísticos.

Asimismo, el decreto también fija la necesidad de acreditar el conocimiento del castellano a los profesores que enseñen español a extranjeros y el nivel de suficiencia de una tercera lengua para los docentes que enseñen terceras lenguas a las universidades catalanas.

Massip ha insistido que esta norma garantiza el derecho de los alumnos de ser atendidos tanto en catalán como en castellano en los centros universitarios. Ha insistido en que la norma dejará un "margen de actuación" a las universidades en base a su autonomía.

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