El secretario general del PSOE en La Rioja, Francisco Martínez Aldama, ha recordado esta mañana que esta Comunidad Autónoma debe devolver 46 millones de euros debido a la Ley de Financiación Autonómica aprobada durante el mandato del ex presidente popular, José María Aznar.

En una rueda de prensa, Aldama ha criticado las "mentiras" del Partido Popular (PP) para "esconder su nefasta gestión" y "atacar" al Gobierno central socialista.

Ha recordado que el Estado entrega una parte de los tributos a las CC.AA. "a cuenta" y en función de su previsión de ingresos. Si la recaudación es mayor, efectúa un segundo pago, pero si, como en este caso, es inferior, son las Comunidades Autónomas las que deben devolver parte del dinero.

El secretario general de los socialistas riojanos se ha referido a las "acusaciones" lanzadas por presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, hacia el líder del Ejecutivo central, José Luis Rodríguez. Sanz habría culpado al socialista por realizar una previsión de ingresos excesiva. Martínez ha reprochado al riojano que, si realmente era conocedor de este hecho, debía haberlo manifestado o haber guardado el dinero que más tarde debía devolver.

En iguales términos ha hablado sobre el sistema de financiación local para los Ayuntamientos, que fue "aprobado con el PP en el Gobierno central y con el beneplácito de la Federación Española de Municipios".

Martínez ha criticado esta "confrontación innecesaria", que, en su opinión, no deriva de una cuestión política, sino meramente legislativa. "El mensaje del PP de que Zapatero mete la mano en el bolsillo de los Ayuntamientos riojanos es falso", ya que es "una ley del PP" la que impone la devolución de parte de los tributos, ha explicado.

El secretario general del PSOE en La Rioja ha citado el "ahorro y la austeridad" y "no la insumisión fiscal", como solución al problema de financiación de Ayuntamientos y Comunidades.

Ha recordado que el PSOE propuso nueve medidas para reducir en 54 millones anuales el gasto de La Rioja. Sólo una en referencia a la compra de terrenos por parte del IRVI fue aprobada. Todo ello "sin recortar la inversión pública, ni los servicios sociales".

Las iniciativas rechazadas proponían la reducción del "personal de confianza" y altos cargos; disminuir el gasto corriente de varias Consejerías y los gastos de protocolo, publicidad, estudios y trabajos técnicos; reducir la "sobredimensionada" flota de coches; disminuir el gasto corriente de las empresas públicas; o eliminar "las partidas opacas" que suman hasta once millones de euros.