El Pleno del Ayuntamiento de Santander ha dado ya el visto bueno al nuevo Plan de Ajuste del Consistorio, que supondrá recortar en unos 7,9 millones de euros los gastos previstos para este ejercicio. Además, ha aprobado una moción por la que pide al Estado que no se prohíba por completo la posibilidad de los municipios de acudir a endeudamiento.

La primera de las iniciativas, el Plan de Ajuste, ha salido adelante con la abstención del PRC y los votos favorables del PP y del PSOE, que aunque no lo comparte lo respalda por responsabilidad. Por su parte, la petición sobre el endeudamiento se ha aprobado por asentimiento y sin debate, al tratarse de una moción presentada conjuntamente por los tres grupos municipales.

El tercer Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Santander es, en palabras de la concejala de Economía, Ana González Pescador, una respuesta "nueva y adicional" al "agravamiento de la crisis", que no tiene "visos" de mejorar "a corto plazo".

Con él, se impulsan recursos adicionales de control y se revisan los gastos "a la baja", pero se mantienen las inversiones previstas, que, según la concejala, "no se van a dejar de ejecutar". De hecho, en palabras del alcalde, Íñigo de la Serna, "no va a haber ningún parón en las inversiones".

No obstante, los grupos de la oposición no lo ven tan claro y, mientras los socialistas piensan que las medidas propuestas en el plan son "mínimas" y el intento de ahorro "meramente simbólico", los regionalistas van más allá y sostienen que "los que pierden con este plan son los ciudadanos".

Así, para el portavoz del PRC, Francisco Sierra, este "supuesto" tercer Plan de Ajuste es "insuficiente para mejorar la situación financiera" del Consistorio y constituye un "resumen de ineficacia en la gestión y de no ejecución de inversiones".

Frente a ello, ha abogado por otras medidas como mayores recortes en publicidad y propaganda, una reducción del gasto en personal de confianza o una contención de los modificados de obras. "Les pedimos que gestionen y que gestionen con eficacia", ha recalcado el portavoz que, además, cree que ya hay suficientes órganos de control del gasto y el problema reside en una cuestión de "impulso político".

También en esta línea, el concejal socialista Juan José Maestro ha acusado al equipo de Gobierno de gastar "alegremente y sin control" y ha lamentado que el "tan pomposamente denominado III Plan de Austeridad en el gasto" es "en más del 90 por ciento simplemente un gesto de cara a la galería".

De hecho, ha explicado que de los 7,9 millones de euros de ahorro previsto, 2,5 se derivan de la rebaja de sueldos ya acordada y otros 4,5 millones de partidas que no se suprimen, sino que se abonarán más tarde, con lo cual, el "posible ahorro" se limita a 900.000 euros.

El PSOE cree que lo que hace falta es un "auténtico plan de rescate financiero", que pedirá que se apruebe con los presupuestos, pero de momento, las medidas, aunque "mínimas" son "más que nada" y por "responsabilidad" da un "voto de confianza" al equipo de Gobierno, a la espera de ese plan de rescate.

El alcalde, Íñigo de la Serna, ha agradecido la postura adoptada por el PSOE, "actuando con responsabilidad", y ha lamentado en cambio la actitud del PRC, al que ha acusado de aplicar una "consigna política" de "hacer todo lo posible para paralizar toda la actividad en Santander, a costa de quien sea", que en este caso son los ciudadanos. ENDEUDAMIENTO

En lo que sí ha sido unánime la postura de los tres grupos municipales ha sido en la aprobación de una moción en la que se pide al Gobierno central que no prohíba totalmente el endeudamiento a las corporaciones locales, secundando así el pronunciamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

En concreto, la iniciativa subraya el compromiso de los ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos insulares para contribuir a la reducción del déficit y al control del crecimiento de la deuda pública, pero apuesta por controlar ese aumento de la deuda local en función del volumen de deuda de cada municipio en el momento actual.

Además, pide que la prohibición del endeudamiento se aplique sólo a nuevas inversiones, de forma que los ayuntamientos puedan seguir financiando mediante endeudamiento los contratos plurianuales que ya estén adjudicados.

Y en el caso de obras cofinanciadas con recursos externos a la entidad local, quieren que se puedan financiar con endeudamiento, con independencia de cuál sea su fecha de adjudicación.

Por último, la moción reivindica una financiación "justa y suficiente" para las entidades locales que permita "mantener el nivel y calidad de los servicios" que prestan a los ciudadanos.