La Comisión Europea ha resuelto este martes que el nuevo sistema de financiación, aplicado desde principios de 2010, respeta la normativa europea sobre ayudas públicas porque garantiza que la televisión pública "no recibirá una compensación excesiva por prestar servicios públicos de radiodifusión".

El nuevo modelo suprime la publicidad en TVE y obliga a los operadores de telefonía a contribuir a la financiación de la televisión pública con el 0,9 por ciento de sus ingresos, a las cadenas privadas a aportar el 3 por ciento, y a las de pago el 1,5 por ciento. A estas nuevas medidas hay que sumarle un porcentaje del 80% de la recaudación, ya existente, por el uso del dominio público radioeléctrico, hasta una cantidad máxima de 330 millones de euros.

Durante su investigación, abierta el 2 de diciembre de 2009, la Comisión Europea quiso cerciorarse de que el nuevo mecanismo de financiación de RTVE no ofrecía una compensación excesiva.

Por otra parte, tuvo que comprobar si los impuestos de nueva creación eran parte integrante del régimen de ayudas, ya que en ese caso la compatibilidad de las ayudas se vería afectada por la legalidad o no de esos impuestos, estudiada en un segundo expediente.

Bruselas comenzó a investigar en diciembre pasado la legalidad de estas medidas y su ajuste con las normas europeas sobre el control de ayudas públicas. En el informe presentado por el vicepresidente de la Comisión y responsable de la Competencia, Joaquín Almunia, se afirma que "las medidas adoptadas se ajustan a la defensa de la política de pluralidad de la UE".

La investigación de la Comisión puso de manifiesto que el importe concedido a RTVE no depende de los ingresos generados directamente por esas ayudas públicas, sino que solo está determinado por los costes netos del funcionamiento de radiodifusión. Por lo tanto, la compatibilidad de la ayuda no depende de que los impuestos sean finalmente legales o no, elemento que está siendo investigado en un segundo expediente.

Además, el informe destaca que España cumple con multitud de mecanismos de control para evitar un exceso de compensación, en especial una auditoría externa de las cuentas anuales de RTVE.

En cuanto al segundo expediente, que estudia la aportación de las empresas de telecomunicaciones a RTVE y su legalidad con respecto a la legislación europea, sigue en investigación por parte de la Comisión y no hay respuesta sobre si se suprimirá o no dicha tasa. Bruselas considera que esa tasa podría ser incompatible con la legislación sobre telecomunicaciones y perjudica injustamente a los operadores, limitando las inversiones en nuevas redes y afectando negativamente a los clientes.