La Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT ha censurado este viernes que la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma incumple el artículo 38 de la Ley de Integración Social de los Minusválidos, aprobada en 1982, que establece que las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores, estarán obligadas a que el 2 por ciento de la plantilla esté compuesto por trabajadores minusválidos.

En un comunicado, UGT ha criticado que esta empresa está "incumpliendo" la citada normativa con el "consentimiento o beneplácito" de la alcaldesa de Palma, Aina Calvo, de la cual depende esta empresa pública de transporte.

Además, ha reprobado que cuando algún trabajador se le otorga la condición o grado de discapacidad, derivado del desempeño de sus funciones "posiblemente por no haber podido respetar sus tiempos de descanso en su trabajo o por no haber tomado por parte de la empresa las oportunas medidas preventivas que estipula la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales, la empresa decide sin ningún tipo de benevolencia, la extinción del contrato de trabajo al empleado".

Así, ha señalado que la EMT "manda a este trabajador a incrementar las cifras del paro, en vez de recolocarlo en determinados puestos de trabajo vacantes desde hace tiempo, adaptados a su grado de minusvalía y tan necesarios en la sociedad donde vivimos, incumpliendo todo lo habido y por haber en referencia a lo estipulado por dicha normativa".

"No entendemos cómo un Ayuntamiento tan socialista y de izquierdas, tal como se hacen llamar, se postule continuamente en defensa de la integración social de minusválidos en el mundo laboral, abandere multitud de actos y cambios en aras de la eliminación de las barreras arquitectónicas para el acceso de minusválidos y realice tanta propaganda en todas sus campañas con el objetivo de la concienciación de la ciudadanía en general en estos temas tan importantes para todos, y luego inexplicablemente, permita el incumplimiento de lo que nos están trasmitiendo que es importante y hay que cumplir", ha indicado.

En este sentido, UGT ha recalcado que las empresas públicas del Ayuntamiento, como la EMT, están viviendo unos hechos "intolerables, vergonzosos e inhumanos, donde se viene incumpliendo el porcentaje de trabajadores minusválidos contratados".

El sindicado ha señalado que no sólo ha podido contrastar que "se viene incumpliendo el porcentaje al cual están obligados, sino que dicho porcentaje es muy inferior (casi nulo) a lo estipulado, mientras que en lugar de reubicar a los trabajadores que por una desgracia necesitan la reubicación, se quedan en el paro por un tiempo indefinido, gracias a una dirección incumplidora y poco solidaria con la causa de la integración social de minusválidos".

Por ello, la Federación de Transportes Comunicaciones y Mar de UGT en Baleares ha advertido de que ya está trabajando para emprender las acciones jurídicas necesarias para que sean "abolidas" dichas prácticas empresariales, municipales y/o políticas, que ha calificado de "inhumanas e indecentes" por parte de empresas publicas dependientes de la propia Administración.