El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) emitió una resolución donde requiere a la Consejería de Salud y el Ayuntamiento de Écija (Sevilla) que ejecuten la sentencia e indemnicen con 96.000 euros a una joven madre que perdió a su hija en el parto, toda vez que, según recordó el abogado de la mujer, Fernando Osuna, "el Ayuntamiento y la Junta llevan nueve meses sin indemnizarla".

Según explicó a Europa Press el propio Osuna, su bufete presentó un requerimiento a la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA donde se explica todo lo sucedido y se apuntaba que "todavía no se ha pagado a esta mujer y se pide que se inste a las partes condenadas a ejecutar la sentencia".

Ante esto, según las fuentes, el TSJA ha requerido a Junta y Ayuntamiento astigitano para que den explicaciones de por qué no se ha ejecutado la sentencia, ha pedido que se ejecute sin demora y pide también que se averigüe quién es el funcionario responsable de esta tardanza, "en aras a adoptar medidas para su inmediato cumplimiento, sin perjuicio de las posibles responsabilidades en que se puede incurrir por no haberse llevado a cabo lo acordado en dicha sentencia".

Osuna lamentó que "la sentencia se dictó en septiembre de 2009 y aún no se ha cumplido por parte de los condenados, el Ayuntamiento de Écija y la Consejería de Salud".

En septiembre de 2009, la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA condenó al Ayuntamiento de Écija y a Salud al pago de 96.000 euros a una joven madre que perdió a su hija en el parto.

Según informó entonces el abogado Fernando Osuna, la muerte de la bebé, que se remota al pasado 1 de julio de 2006, pudo "sin duda" haberse evitado, ya que fue sometida a un "sufrimiento fetal" que se hubiera controlado "sin problemas" si no se hubieran realizado actuaciones médico-sanitarias "absolutamente negligentes y apartadas por completo de cualquier tratado de obstetricia de nuestro país".

En concreto, este letrado relató que la niña permaneció "sin oxígeno" —en asistolia— durante un tiempo "superior a diez minutos" y como consecuencia de una "deficiente actuación sanitaria".

"La muerte de la recién nacida no se produjo por un hecho casual o fortuito, sino que se debió a una inadecuada y deficiente praxis, a una infracción de la 'lex artis' médica", argumentó Osuna, para quien estos hechos "evidencian el funcionamiento anormal y deficitario de la Administración sanitaria".