La Fiscalía y la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Andratx, solicitan seis años de prisión contra el ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, dentro de la pieza 9 del caso Andratx, al haber incurrido en los presuntos delitos de falsedad documental y contra la ordenación del territorio por permitir la construcción de una vivienda en un Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP).

Massot, asistido por el letrado Fernando Mateas y quien se encuentra actualmente cumpliendo condena en la cárcel de Palma por otra pieza de este procedimiento, se sentará por cuarta vez en el banquillo junto a otros siete acusados que también serán juzgados por estos hechos. En concreto, los delitos atribuidos por las acusaciones en esta pieza son los de falsedad, contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística.

En su escrito provisional de calificaciones, al que tuvo acceso Europa Press, la acusación particular postula que tras adquirir una parcela de 7.103 metros cuadrados por la "burlesca cantidad" de 31.252 euros, la acusada María Jesús González, su marido Emilio Martínez y su hijo Pedro Martínez comenzaron entre 2002 y 2004 a efectuar obras sin ningún tipo de licencia, pese a que en el terreno no se podía edificar "absolutamente nada".

El Ayuntamiento, a través de la letrada Isabel Fluxà, incide además en que en el momento de la compraventa no constaba la existencia de construcción alguna, tan sólo unas ruinas de una casa de aperos. Sin embargo, los imputados aumentaron "considerablemente" su superficie y construyeron finalmente la vivienda, tras lo cual Martínez solicitó al Consistorio, asesorado por su "gran amigo" Massot, un certificado de antigüedad de la vivienda "existente".

Un informe elaborado por el entonces celador municipal Jaume Gibert y que impedía la ampliación, lo que llevó a Martínez a pedir un nuevo certificado a la acusada Ángela Hernández, quien redacta la nueva instancia escribiendo de su "puño y letra" la inscripción de 50 metros cuadrados -en referencia a los restos existentes- "a sabiendas de la falsedad de dichos datos" y sin que el celador efectuase una nueva visita a la parcela.

"Lo redacta ella misma por órdenes del señor Massot", prosigue la acusación particular, que asevera que la "estrecha" relación de amistad entre Hernández y Massot es "indudable". Mientras tanto, Martínez solicitó posteriormente licencia municipal para la 'ampliación de vivienda aislada', para cuya solicitud fueron redactados dos proyectos por el arquitecto Luis Ros, quien "faltando claramente a la verdad y a la realidad fáctica de la parcela".

Finalmente, examinada la documentación, los también encausados Gabriel Vicens y Jacobo Rodríguez Miranda emitieron sendos informes favorables, "abiertamente contrarios a derecho cuando sabiendo la legislación aplicable informan de forma arbitraria para favorecer el otorgamiendo de una licencia nula de pleno derecho", que fue aprobada por junta de gobierno el 22 de julio de 2005.

En concreto, el Ayuntamiento también solicita seis años de prisión para Ángela Hernández; cuatro años para María Jesús González, Emilio Martínez, Pedro Martínez y Luis Ros, y un año de cárcel para Gabriel Vicens y Rodríguez Miranda. Cabe recordar que la complejidad provocó la apertura de un total de 74 piezas separadas -de las cuales hay dos que están acumuladas, por lo que se reduciría a 73-.