De iniciales M.M.S.P., el letrado, que se enfrenta a una petición fiscal de tres años y nueve meses de prisión, multa de 3.000 euros e indemnizaciones a los afectados, indicó que acudió al Juzgado de Guardia el 7 de febrero de 2004 para confesar los hechos porque había recibido un ultimátum de las personas que habían sido supuestamente estafadas. Según explicó hoy, prometía negocios inmobiliarios ventajosos con fincas que iban a ser subastadas, para lo que exhibía a sus víctimas documentos judiciales que él mismo confeccionaba.

Con el dinero que lograba en las transacciones, conseguía, según admitió, los fondos necesarios para cubrir sus créditos con otros inversores y acreedores anteriores. "Con esas cantidades pagaba a otros, y todo era una bola que me arrolló y me llevó por delante", mantuvo el abogado, que estuvo en prisión preventiva durante casi un mes en 2004.

Su trama comenzó en febrero de 2002, y, aunque en principio las operaciones eran "legales", después comenzaron a ser consecuencia de su situación "desesperada", por la que llevó a engaño a muchos de sus clientes, que confiaban en él puesto que les había hecho en ocasiones anteriores ganar mucho dinero. "Al final todo salió mal, y les engañé de mala manera", confesó.

Sus circunstancias, que le llevaron a trasladar sus negocios supuestamente fraudulentos fuera de la capital, donde ya era conocido, provocaron en él ganas de suicidarse y llegó incluso a escribir una carta de despedida. En ese momento, señaló, fue "tan imbécil" que destruyó mucha documentación que demostraría que algunos de los afectados le exigen un dinero que no debe.

En la sesión de hoy del juicio, que se prolongará hasta el próximo viernes, están personadas cinco acusaciones particulares en representación de los afectados. Una de ellas decidió no ejercer la acción penal al haberse comprometido el procesado a abonar una cantidad total de 160.000 euros a sus representados. También admitió hoy el abogado inculpado deber un total de 165.828 euros a otra parte acusadora, y 489.090 a otros afectados personados.

Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, el procesado comenzó a contraer deudas económicas en los últimos años de la década de los 90 y, cuando su situación comenzó a ser delicada, decidió ofrecer negocios a sus clientes, que conocían sus aptitudes en derecho, sobre todo en el mercado inmobiliario.

Les proponía, tanto a ellos como a sus familiares y amigos, obtener la cesión de remates de fincas que iban a ser subastadas en distintos juzgados de primera instancia de Granada, con unas condiciones económicas "muy favorables y tentadoras" para los potenciales inversores. En algunos casos, según relata el fiscal, esos procedimientos no existían y en otros sí, pero referidos a fincas de titularidad diferente a la manifestada por el acusado.

El abogado exhibía a sus clientes ciertos documentos judiciales "en apoyo de sus pretensiones" con los sellos del juzgado, las firmas del juez, el secretario judicial y, en algunas ocasiones, hasta con la firma del comisario de la quiebra, que no habían sido sin embargo estampadas por éstos, sino por el propio procesado.

Todo ello, señala el Ministerio Público, para "mover" a sus clientes a la realización de dichas operaciones y satisfacer su ánimo de lucro ilícito, obteniendo grandes cantidades de dinero para sufragar las operaciones de cesión de remate "que no eran reales".

Así, entre el año 2003 y el mes de enero de 2004, consiguió de casi una treintena de personas más de 2,6 millones de euros. No obstante, empujado por la situación en la que se hallaba, el abogado se personó el 7 de febrero de 2004 en el Juzgado de Guardia de Granada para confesar su participación en los hechos narrados, lo que permitió el inicio de la investigación judicial. El letrado consignó durante la instrucción de la causa un total de 210.000 euros en concepto de responsabilidad civil derivada.

El fiscal, que le acusa de un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con otro continuado de estafa, pide para el procesado, además de la pena de cárcel y multa, el pago de todas las cantidades recibidas por los perjudicados.