La Organización Interprofesional 'Interfresa' presentó hoy un escrito formal ante la Fiscalía Provincial de Huelva para mostrar "su preocupación" ante la falta de soluciones para los asentamientos ilegales, por lo que pidió "su intervención" ante una situación que perjudica gravemente la imagen de la provincia, se perfila "como motivo" de los ataques de la prensa extranjera al sector de la fresa y que sobre todo, es un problema de orden público y una tragedia humana "inconcebible".

En el documento dirigido al fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Huelva, Jesús Jiménez Soria, Interfresa explicó a grandes rasgos la evolución de los sistemas de contratación de trabajadores para las campañas agrícolas de la provincia de Huelva, en concreto, el sistema de contratación de trabajadores extranjeros en origen, caracterizado por "un notable éxito de funcionamiento y un alto grado de satisfacción para trabajadores y empresarios".

De este modo, incidieron en que este sistema ha estado siempre supervisado por las administraciones, las autoridades, los sindicatos y las organizaciones empresariales, y ha incluido mecanismos "de férreo" control de lo que se conoce como 'efecto llamada', "conscientes todas las partes del peligro si no se ponía coto a los cantos de sirena que podrían atraer a personas desesperadas a las que no se puede dar solución a su problemática".

Sin embargo, desde Interfresa indicaron que pese a las numerosas campañas informativas y a los mecanismos de control, "esto no ha impedido que centenares de personas, sobre todo procedentes del África subsahariana, hayan entrado de forma irregular en España con la esperanza de obtener un trabajo", pero remarcaron que los inmigrantes ilegales "no pueden ser contratados bajo ningún concepto".

De hecho, la Ley es "muy severa" a este respecto y las multas pueden alcanzar los 60.000 euros y hasta penas de cárcel para quienes incumplan la Ley de Extranjería y empleen a una persona en situación de ilegalidad, de manera que "ningún empresario puede correr semejante riesgo".

Así, señalaron que la provincia de Huelva ha llegado a una situación "lamentable y vergonzosa e inconcebible" para la sociedad, ya que las personas llegadas de otros países en situación irregular "se hacinan en asentamientos diseminados por la provincia, en unas condiciones infrahumanas, sin las más mínimas medidas sanitarias, situación que pudiese desembocar en un problema de orden público".

Además de "lo lamentable" de esta situación que va en contra de todo lo estipulado en materia de derechos humanos, subrayaron que se da otra circunstancia como "la identificación del sector y de los empresarios agrarios como los culpables de este drama".

De hecho, recordaron que ciertos medios de Francia y Suiza usaron "esta lamentable imagen" para desprestigiar y atacar al sector en las últimas informaciones "demagógicas" publicadas en estos países.

Por ello, Interfresa, como aglutinadora de todo el sector productor y comercializador de la fresa andaluza considera de extrema gravedad social y económica, y teniendo en cuenta que las gestiones realizadas ante distintos ayuntamientos y ante la Subdelegación del Gobierno "no han dado fruto alguno", la interprofesional insta al fiscal a que tome las medidas necesarias para acabar con "esta lamentable situación, restaure la dignidad de estas personas y evite que el sector continúe sufriendo daños por algo que no ha motivado".

Levantamiento de chabolas

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Moguer (Huelva) informaron, en un comunicado, que el pasado lunes se desarrolló en torno al paraje de Las Jarras, —en la zona norte de la concentración fresera de Malvinas—, una actuación conjunta de levantamiento de chabolas ilegales en la que tomaron parte efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de la localidad, así como operarios y maquinaria aportada por la Empresa Municipal Emvisur.

La campaña de recolección de la fresa se encuentra ya en su etapa final, por lo que muchas de las explotaciones están arrancando plantas y levantando lomos para acondicionar la tierra de cara al próximo año.

Así, apuntaron que se ha producido también "un notable descenso" en el número de inmigrantes ilegales que malviven en campamentos de chabolas ubicados en las inmediaciones de las principales zonas productoras de fresa, como la citada Malvinas, Las Madres o el Avitorejo, ya que se desplazan a otras zonas agrícolas en las que pueda ser necesaria mano de obra.

Por ello, "aprovechando este flujo de personas", desde la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Moguer se desarrolló este dispositivo de control de la inmigración ilegal y levantamiento de chabolas en la zona de las Jarras, donde se concentraban en un centenar de construcciones "tercermundistas", una gran cantidad de subsaharianos, la mayoría de ellos en situación de ilegalidad, ocupando tanto montes públicos como privados.

"focos de contaminación"

Con el final de la campaña y la llegada del calor, estos campamentos ilegales que no reúnen las condiciones mínimas para vivir, se convierten cada año "en focos de contaminación" donde proliferan los insectos parásitos como pulgas o garrapatas, detectándose en muchas ocasiones "la presencia de ratas y otros animales carroñeros que suponen un evidente riesgo para la salubridad de las propias personas y para la preservación de medio natural".

De este modo, se desarrolló el lunes este dispositivo en Las Jarras, donde mediante una pinza adosada a un tractor, se realizó el levantamiento de decenas de estas chabolas, cuyos restos fueron recogidos por trabajadores de Emvisur, retirándose posteriormente por una empresa de tratamiento de residuos para su posterior reciclaje.

Además de la participación en el dispositivo de los efectivos ya citados de Guardia Civil y Policía Local, también estuvieron presentes durante la actuación, varios técnicos de Cruz Roja Española que se encargaron de facilitar a los subsaharianos algunos kits con elementos esenciales de cocina y aseo, tramitando también el desplazamiento de algunos de ellos a otras zonas de España.

La actuación contra este tipo de asentamientos ilegales se ha continuado por parte del Ayuntamiento de Moguer a lo largo de la semana también en las inmediaciones de la zona regable de Avitorejo.