El Ayuntamiento de Torrelavega cree que el "engaño" al que aseguran que fueron sometidos por Sogesur, del Grupo FCC, su socio privado en la empresa mixta de aguas de la ciudad, Aguator, fue "fríamente calculado". Todo lo que sucedió, como las falsificaciones de partes de trabajo o las contrataciones a la empresa Tedesa, del mismo grupo de FCC, formaron parte de unas acciones "premeditadas, organizadas, diseñadas y dirigidas a engañar al Ayuntamiento de Torrelavega".

Así lo aseveró el letrado que defiende a la Corporación municipal en la última fase del juicio que se ha seguido desde el 17 de mayo en la Audiencia Provincial, en el que cuatro directivos y un empleado de FCC se enfrentan a peticiones de penas de 16 años de prisión por delitos societarios y de estafa.

Aguator es la empresa que se encarga del servicio de agua en la ciudad de Torrelavega. Es de carácter mixto, con presencia del Ayuntamiento, al 49%, pero el socio mayoritario es Sogesur, sociedad que pasó a manos del Grupo FCC, y que hoy en día constituye Aqualia, la empresa que presta el servicio, por concesión, en el Ayuntamiento de Santander.

En este juicio, la Sección Primera de la Audiencia deberá decidir si los acusados, cuatro directivos y un empleado del socio privado o directamente de FCC, fueron responsables de irregularidades como la manipulación de los partes de trabajo y los contadores de agua, junto a la negativa de la empresa privada a entregar documentación sobre Aguator a sus socios, el Ayuntamiento de Torrelavega.

En sus informes finales, el Ministerio Fiscal incidió en que desde la llegada de FCC a la dirección de la empresa, en el año 2000, se produjo una "total y absoluta confusión" entre los intereses del socio privado, de FCC, y de la empresa mixta Aguator, en la que participaba el Ayuntamiento.

Frente a esto, las defensas de los directivos de FCC reiteraron que los representantes de la empresa se encontraron a su llegada a Torrelavega con una "animadversión y enemistad" entre los técnicos municipales, y que está en la base de la "cruzada" y la "causa general" que empezaron a mostrar, con la emisión de informes negativos sobre la empresa y un "celo inusual" en el control a su actividad.

El hecho de que sus advertencias a las cuentas no fueran tenidas en cuenta hizo que el conflicto se "recrudeciera" con "informes extenuantes" que llevaron a un "auténtica persecución" al socio privado.

En esta vista se sientan en el banquillo el primer gerente de Aguator, Antonio García San Emeterio; su sucesor, Alberto Andérez; el responsable de zona Norte de FCC, Fernando de la Torre; y el responsable de zona de FCC, Santiago Lafuente; y el encargado de gestión de clientes, Jesús Esparza.

"confusión" entre fcc y aguator

La fiscal sostiene que la dirección del Grupo FCC mostraba en su gestión una "total y absoluta confusión" entre la empresa Aguator y el socio privado. Al contrario, FCC recalca que la empresa cuenta con una "estructura centralizada" e "integrada" ante sus dimensiones.

Para la Fiscalía, esta actitud también se plasmaba en medidas como el intento de "forzar pérdidas" para reducir la cantidad del canon que pagaban anualmente al Ayuntamiento de Torrelavega, o los trabajos que se hacían con Tedesa, subcontrata habitual de Aguator, sin concurso, y miembro también de FCC, eran en realidad una "disculpa" para "mantener" este contrato, ya que era "la única empresa rentable" de la compañía.

El Ministerio Fiscal cree que las falsificaciones de los partes, aunque luego no aparecieron, son la "base fundamental" para el "desplazamiento patrimonial", ya que según sus contenidos se hicieron las facturas por las que Aguator reclamó dinero al Ayuntamiento de Torrelavega.

Por su parte, la acusación particular, que ejerce el Ayuntamiento de Torrelavega como perjudicado por la actuación del socio privado, remarcó que este tipo de acciones tenían consecuencias sobre los costes de explotación del servicio, y por tanto sobre las tarifas, con lo que, al final, "afectaban a los ciudadanos".

Frente a esto, FCC explicó que contar el consumo en pisos vacíos, por duplicado o que no lleguen al mínimo es una "práctica frecuente" en el sector que además "se está haciendo actualmente" en otros lugares donde trabaja Aqualia, entre los que citaron a Santander.

En cualquier caso, lo que sucedió con la falsificación de partes lo calificaron como un "pequeño descuadre" consecuencia de la gestión de Becerril y que no llegaba al 8%, además de perjudicar a la misma empresa. Y añadieron que un parte de trabajo no es documento mercantil —su falsificación sería delito— sino un documento privado.

En cuanto a los medidores de los caudales, la Fiscalía admite que no hay "pruebas directas" de que una persona los manipulara en un momento exacto, pero en cambio sí hay "un montón de pruebas indiciarias" de que así sucedió, como el hecho de que "siempre se averiaba en beneficio de la empresa privada". Las defensas cuestionaron el "rigor" de los cálculos del ingeniero y señalaron que los peritos no han podido confirmar que la manipulación fuera humana e intencionada.

"abuso de confianza"

El Ayuntamiento de Torrelavega incide en factores agravantes como el hecho de afectar a un bien público y el abuso de confianza por la credibilidad que dieron a FCC ante su prestigio. Para las defensas del grupo, Torrelavega era "un servicio más".

Y FCC enfatiza que los hechos sucedieron antes de la llegada de los acusados a sus puestos. Además, critica el testimonio tanto de los técnicos municipales, de cuya objetividad dudan, como del principal testigo, el jefe de Administración, Juan José Becerril, que informó al Ayuntamiento de las irregularidades, en una actitud que para la empresa responde a la "frustración" que este sintió cuando no fue nombrado gerente como aspiraba.

En cambio, para la Fiscal, lo hizo porque era un empleado de Aguator, sociedad mixta, y no de FCC, los propietarios del socio proviado. La acusación particular descarta que Becerril quisiera ser gerente ya que para eso los pliegos establecían que debía ser ingeniero, cosa que no era.