En este caso, la sentencia se refiere a un procedimiento de despido promovido por la trabajadora frente a la empresa, que fue declarado improcedente en la instancia, pues el Juzgado de lo Social consideró que no podía calificarse como nulo, ya que el empresario no conocía del estado de embarazo de la trabajadora.La Directiva 92/85/CEE de la Unión Europea, incluida en nuestra legislación a través de la Ley de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral de 1999, establece que el despido de la mujer embarazada debe considerarse nulo siempre que el empresario tenga conocimiento del estado de gestación de la trabajadora. Dicha protección se extiende desde el inició del embarazo hasta que finaliza el periodo de baja por maternidad. El Juzgado de lo Social que conoció por primera vez el asunto declaró el despido de la trabajadora embarazada improcedente, en lugar de nulo, porque consideró que el empresario, al no conocer el estado de la trabajadora, no podía discriminarla por su embarazo.