La Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid ha aprobado este miércoles, con los votos en contra del PSOE e IU, la Ley de Autoridad del Profesor que otorga a los más de 75.000 docentes de esta Comunidad -67.000 de la red pública y concertada y más de 8.000 de la privada- la consideración de "autoridad pública".

La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, prometió esta ley el pasado septiembre en el Debate sobre el Estado de la Región, a raíz de la discusión sobre los valores educativos que suscitó por entonces la conducta violenta de un grupo de jóvenes en las fiestas de Pozuelo.

El texto aprobado este miércoles, que deberá ser ratificado por el pleno de la Cámara el próximo 10 de junio, otorga la condición de autoridad pública a los profesores, directores y demás miembros de los órganos de gobierno de todos los centros educativos de la región.

Esto supone que los docentes gozarán del "principio de veracidad" en sus denuncias", lo que les da la posibilidad de adoptar "medidas cautelares provisionales" contra los alumnos que contravengan las normas de convivencia.