La Fiscalía de Lleida sostenía que, a partir de 2006 y hasta junio de 2007, el alcalde firmó documentos en 149 ocasiones en los que hacía constar que, según fuentes de la alcaldía, varios ciudadanos irregulares habían vivido en Alfarràs y no estaban inscritos en el padrón.

La Audiencia ha resuelto que no se dan los elementos objetivos constitutivos de un delito porque entiende que no se trata de un documento oficial apto para mutar la verdad, ya que el acusado no emitió ningún certificado, sino una acreditación en la que se recoge que un determinado ciudadano extranjero residía en el municipio de Alfarràs, sin que haya quedado demostrado en el plenario que ello no fuera cierto.

En la sentencia, recoge que el acusado manifestó que ante la avalancha de inmigrantes en la localidad, en situación irregular y que vivían en una nave abandonada, se procedió a confeccionar una lista de los mismos a efectos de asistencia y ayudas sociales. Dicha lista recogía los nombres y fue entregada a una funcionaria del consistorio leridano, mientras que el alcalde se quedó con una fotocopia.

"En dicho documento se constataba que una determinada persona, según fuentes propias, había resido allí y en ningún momento se certificaba que dicho ciudadano se hallara inscrito en el padrón municipal".

Asimismo, el juez considera que no puede afirmarse en ningún caso que los documentos emitidos simularan a otros documentos, como pretende la acusación, ya que éstos solo pueden ser emitidos y firmados por el secretario del Ayuntamiento bajo la denominación de certificación y en aquellos aparece firmado únicamente por el alcalde bajo la denominación de "acreditación".

En la sentencia también se deja constancia de que el acusado no se benefició con las acreditaciones ya que no percibió ninguna cantidad de dinero.