Las mujeres españolas cobraban en 2005 lo mismo que los hombres en 1980, según un estudio realizado por un  grupo de investigación de la Universidad de Alicante (UA), que ha analizado las desigualdades por sexos en el trabajo entre 1980 y 2005.

Los resultados, ceñidos a la situación española, ponen de manifiesto grandes desigualdades en los ingresos percibidos. Las comunidades con menor paridad en ingresos son Asturias y Castilla y León. Las que más, Canarias y Baleares.

“La diferencia salarial entre hombres y mujeres indica desigualdades por segregación ocupacional, discriminación salarial y fluctuación de las tasas de actividad en el trabajo remunerado”, explica  Mercedes Carrasco, autora principal de este trabajo e investigadora de la Universidad de Alicante.

El estudio, publicado en la Revista Española de Salud Pública, muestra un dato revelador: “en 2005 las mujeres en España percibían ingresos equivalentes a los de los hombres 25 años atrás”.

Por comunidades autónomas, Canarias y Baleares tienen la mayor paridad en ingresos, y Castilla y León y Asturias, la menor. Esta última comunidad es la que menos incrementó su desarrollo y políticas de género en el periodo estudiado.

En el estudio se puntualiza que aunque las distancias entre comunidades autónomas se han acortado por la mejoría de las menos desarrolladas, como Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, “persisten las desigualdades interterritoriales con un patrón norte-sur en el desarrollo por sexos, favorable a las comunidades del norte”.

Los resultados pueden ser utilizados, en palabras de Carrasco, “para poner en la agenda política y profesional la toma de decisiones enfocadas a la igualdad como elemento clave de la calidad sanitaria, educativa y económica”.

“España arrastra una herencia histórica de desigualdades regionales en el desarrollo heterogéneo del capitalismo, industrialización y modernización de sus comunidades, lo que debe considerarse al aplicar la ley de igualdad”, dice la investigadora.

Señala además  que con la actual crisis económica, la sostenibilidad de los logros conseguidos puede requerir de instrumentos jurídico-políticos adecuados para mantener la equitativa evolución en el nivel de ingresos de ambos sexos”.

El Índice de Desarrollo de Género (IDG), un indicador que considera el desarrollo de mujeres y hombres respecto a la esperanza de vida al nacer, a la educación y a los ingresos, muestra que si bien en España se ha incrementado el desarrollo en los últimos 25 años y se han reducido las desigualdades entre mujeres y hombres, dichas diferencias siguen patentes.