CSI-F no descarta movilizaciones en Extremadura en rechazo a la reducción salarial de los funcionarios

El sindicato CSI-F anunció hoy que estudiará llevar a cabo "medidas legales y movilizaciones" para protestar contra la iniciativa anunciada hoy por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y "respaldadas rápidamente" por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, para reducir el sueldo de los empleados públicos en un 5 por ciento y la congelación salarial para 2011.

En nota de prensa, el sindicato aseguró que "no puede admitir, de ninguna de las maneras, una medida tan grave, injusta e ineficaz como ésta" que según aseguró, "lo único que pretende es intentar resolver la crisis apretando en la parte más débil y que es un claro síntoma de la ineficacia sistemática de un Gobierno que ha negado la crisis hasta que se ha desbordado".

Según aseguró el sindicato, los empleado públicos "no son los causantes ni los culpables de la situación actual", y consideró que existen en Extremadura y en España "otros ámbitos en los que se pueden hacer recortes sin producir disfunciones del servicio que prestan las distintas administraciones con los ciudadanos".

Ante esta situación, CSI-F reclamó al presidente de la Junta de Extremadura que "recapacite y que no asuma como propias las medidas que contra los empleados públicos de la región contempla el plan anticrisis anunciado por Rodríguez Zapatero".

"Es más, desde este sindicato confiamos en que el anuncio del presidente del Gobierno central no afecte a la negociación en Extremadura", apuntó el sindicato.

Y es que, según consideró CSI-F, "lo fácil" es rebajar el sueldo a los empleados públicos, "que de media ganan entre 1.300 y 1500 euros al mes", por lo que emplazó a las distintas administraciones a "suprimir el número de altos cargos y puestos de libre designación y a terminar, de una vez, con el despilfarro que supone la duplicidad de competencias entre la Administración central, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos".

"Serían medidas que podrían conseguir más ahorro, además de ser más justas", resaltó el sindicato, quien en cualquier caso, lamentó el "incumplimiento" del acuerdo firmado el pasado 25 de septiembre con el Gobierno central que "garantizaba el mantenimiento del poder adquisitivo de los empleados públicos".

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