Los catorce Defensores del Pueblo del país estudian la repercusión en las familias españolas por la crisis económica a través de una serie de talleres con el fin de elaborar distintas propuestas para orientar las actuales políticas, por ejemplo, de vivienda.

Y es que, según explicó en rueda de prensa el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, José Pablo Ruiz Abellán, el impacto social de esta coyuntura está suponiendo prolongar la permanencia en el hogar familiar, en muchos casos el retorno al mismo y la búsqueda de fórmulas precarias de alojamiento.

En concreto, esta semana, el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia ha coordinado uno de estos talleres nacionales celebrado desde el lunes en Murcia, sobre 'El impacto de la crisis económica en el sector de la vivienda y su repercusión sobre las familias y las personas'.

En el diagnóstico se detalla que las consecuencias económicas, familiares y personales que se derivan de este escenario de crisis de la vivienda están "graves" como consecuencia de que el sector de la vivienda deja de contribuir al crecimiento del conjunto de la economía, el comportamiento del mercado laboral, que las familias disponen de menos recursos económicos para acceder a una vivienda y que individualmente, los ciudadanos ven frustradas sus expectativas de poder constituir su unidad familiar.

Según explicó Ruiz Abellán, la situación de crisis está teniendo graves consecuencias que truncan los proyectos y las expectativas de las familias, "ya que la caída del precio final de vivienda libre en propiedad, así como los precios de la vivienda libre en alquiler, no han sido lo suficientemente importantes como para contrarrestar las actualmente frágiles economías familiares".

La dificultad de acceso al crédito hipotecario, "constituye sin duda, otra de las causas de la situación actual. Y por otra parte la demanda creciente de compra o alquiler de vivienda protegida no puede ser satisfecha, dada lo exiguo de la oferta existente", añadió.

Las respuestas personales y familiares a este escenario de crisis en relación al consumo de vivienda, aseguró, "son casi siempre traumáticas, pues está suponiendo prolongar la permanencia en el hogar familiar, en muchos casos el retorno al mismo y en otros, la búsqueda de fórmulas precarias y provisionales de alojamiento".

Aunque con carácter general, la repercusión de la crisis en la vivienda afecta a toda la población, destacó que son los grupos más afectados, como jóvenes, mujeres, personas mayores, personas discapacitadas o inmigrantes económicos, quienes sufren en mayor medida las dificultades poder afrontar la carga del crédito hipotecario.

Propuestas de orientación

Las reflexiones-propuestas que han realizado los asesores de todas las Defensorías autonómicas buscan ayudar a solucionar los problemas estructurales relacionados con el acceso a la vivienda en España. Éstas, agrupadas en ocho epígrafes de tipología distinta, se orientan en la dirección de tener un mercado de la vivienda accesible a todos, "ya que hablamos de un bien básico", subrayó el Defensor del Pueblo de Murcia.

En concreto, sobre los derechos habitacionales, proponen una serie de medidas para superar los patrones mercantilistas preestablecidos, partiendo de una concienciación clara de lo que supone el papel social y el derecho básico a una vivienda digna y adecuada, tal y como recoge la Constitución Española (art.47).

En relación al modelo económico, presentan otras tantas medidas para otorgar al sector de la vivienda el papel que ponderadamente le debe corresponder en relación con los demás sectores productivos.

Así como ocho propuestas para que las administraciones públicas lideren unas actuaciones más acordes con los intereses de la sociedad en su conjunto, dando una mejor respuesta a las distintas necesidades habitacionales de los ciudadanos.

Para ello piden impulsar el marco normativo de la financiación local, "para que los ayuntamientos no estén tan supeditados a la fiscalidad y los ingresos derivados del urbanismo".

También medidas para la colaboración entre las instituciones financieras y las administraciones, con la finalidad de abordar el mercado hipotecario no sólo con meros criterios de rentabilidad empresarial, sino también con medidas conjuntas de ayuda a sectores desfavorecidos.

Así como para que el suelo cumpla la función social que le corresponde y que contribuya prioritariamente a satisfacer las necesidades de las familias y de las personas.

Al hilo, recuerdan que las políticas directas sobre el suelo y la vivienda constituyen una responsabilidad pública "ineludible", y que se deben implementar medidas para reducir las disfunciones que presenta el mercado de la vivienda, con desajustes estructurales respecto a las necesidades y capacidad que tiene la demanda potencial para acceder a una vivienda digna.

Sobre el alquiler proponen una serie de medidas para fomentar el parque público de viviendas en alquiler, "de forma que el peso tan reducido que estas tienen actualmente, se vea incrementado en los próximos años"; así como fomentar la reconversión de las viviendas libres en protegidas, promocionar el alquiler con opción a compra y regular, en el marco de una política de consenso entre las administraciones, el tratamiento de la figura de la vivienda vacía.

Además de seis medidas para que las políticas públicas puedan modularse para ofrecer a todos la posibilidad de acceder a una vivienda, en función de las distintas condiciones socioeconómicas y culturales existentes.

Las conclusiones de este encuentro se debatirán en las XXV Jornadas de Coordinación de los catorce Defensores del Pueblo que hay en España, que se celebrarán en La Rioja los días 27, 28 y 29 de septiembre bajo el título 'El impacto de la crisis económica en el ejercicio de los derechos de las personas'.