La mala utilización del teléfono de emergencias 112, con llamadas falsas, abusivas, insultantes, amenazadoras o jocosas, se considerarán una infracción a la ley de Emergencias, que será leve o grave en función de la reiteración o gravedad, y se podrá sancionar con hasta 150.000 euros.

Así lo ha explicado el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en el que se ha aprobado el anteproyecto de ley de Emergencias, que sustituirá a la ley de Protección civil y gestión de emergencias de 2002 y que pretende mejorar la planificación y coordinación de todos los que trabajan al servicio de las emergencias.

El conseller ha explicado que en el año 2009 el 11% de las llamadas al 112, un total de 462.084, se consideraron falsas, y ha resaltado que son la sanción de estos comportamientos no se persigue un afán recaudatorio, sino disuasorio.

Una de las principales novedades del texto es que quien cause una emergencia o un incendio de forma intencionada o por negligencia deberá abonar como indemnización por daños y perjuicios el coste que suponga la movilización de los servicios esenciales de intervención, igual que quien movilice de manera maliciosa esos recursos.

El conseller ha puesto como ejemplo practicar actividades como el barranquismo, el senderismo o parapente cuando se haya declarado nivel rojo de preemergencia, y ha explicado que movilizar el helicóptero de rescate tiene un coste aproximado de 3.000 euros.

Además, la ley incluye un capítulo de infracciones y sanciones, que van desde las leves sancionables con multas de hasta 6.000 euros, a las graves con entre 6.001 y 150.000 euros y las muy graves de 150.000 a 600.000 euros.

Nuevos planes de eventos especiales

Asimismo, se introducen los Planes de Autoprotección como parte de la planificación frente a emergencias, así como los Planes de Emergencia de eventos especiales, atendiendo a que la Comunitat es "sede de grandes eventos y acontecimientos con gran afluencia de público".

La ley también contempla la creación de la Unidad de Brigadas de Emergencia (UBE), integrada por las brigadas de emergencia terrestres y helitransportadas, que dependerán de la Conselleria de Gobernación y estarán preparados para atender todo tipo de emergencias, además de los incendios forestales.

Toda la planificación tanto autonómica como municipal se deberá revisar cada seis años, mientras que en el plazo de tres años desde la aprobación de la ley todos los municipios están obligados a tener implantados sus planes territoriales municipales de emergencias.

Otro aspecto que introduce esta ley es que será competencia de los municipios estimar las actividades e infraestructuras que pueden resultar afectadas en situaciones de preemergencias o emergencias declaradas, con el fin de evitar desgracias humanas.

Además, se regula por primera vez la coordinación de la vuelta a la normalidad tras una emergencia, con la creación de la "oficina única post-emergencia", que actuará como ventanilla única para la gestión de los trámites administrativos de los afectados.

Para reforzar y mejorar el modelo de gestión de las emergencias, la ley introduce que el Centro de Coordinación de Emergencias podrá tener delegaciones provinciales, y podrá implantar centros de atención telefónica en casos de alguna situación de emergencia, como por ejemplo para atender a familiares de un accidente de autobús.