El 'hiyab' en los centros educativos vuelve a convertirse en objeto de polémica. Una alumna de 4º de ESO del Instituto Camilo José Cela de Pozuelo de Alarcón lleva dos meses sin acudir a clase porque, según denuncia, la dirección del centro le prohíbe cubrirse la cabeza.

La joven N. M, de 16 años y española de origen marroquí, ha asegurado sentirse discriminada por su instituto. Por su parte, la dirección de éste ha afirmado, a través de un comunicado, que en "todo momento se ha respetado el derecho a la educación" de la alumna. El centro hace referencia al artículo 32 del Reglamento del Régimen Interior del Centro, que expresa que "en interior del edificio no se permitirá el uso de gorras ni de ninguna otra prenda que cubra la cabeza".

En el escrito, los responsables del I.E.S. afirman que "un sector de la comunidad educativa solicitó la aplicación de este artículo" y que "como funcionarios públicos es nuestra obligación hacer cumplir este Reglamento". La dirección indica además que se consultó al Consejo Escolar, que es el órgano competente, y éste manifestó que "el reglamento debe ser aplicado".

Asimismo, la dirección señala que se ha consultado a "instancias superiores" y que están "a la espera de una respuesta escrita". Finalmente, aseguraron que "en todo momento de ha respetado el derecho a la educación de la alumna".

Al respecto, la concejal de Educación de Pozuelo, María Jesús Castillo, ha aludidi al reglamento de Régimen Interno en el centro, aprobado por el Consejo Escolar del mismo. "Dicho Consejo es el que tiene autoridad para decidir qué se hace en estos casos. El Ayuntamiento, en este sentido, no tiene ninguna competencia para intervenir. El centro tiene autonomía y, a través del Consejo Escolar, se puede decidir un cambio en el Reglamento Interno", concluyó.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid han explicado que ellos respetan los reglamentos internos de cada centro, que son aprobados por los Consejos Escolares. Además, recuerdan que este respeto es algo que se recoge en la propia Ley Orgánica de Educación (LOE) y en el Decreto de Convivencia elaborado por la Comunidad de Madrid.

En dicho decreto, el Gobierno regional estableció que tienen que ser los centros quienes elaboren sus propias normas internas. En este caso, se trata de una decisión que tomó el IES, que insiste en que se respetó el derecho a educación de la alumna en cuestión.