El secretario general de la Conselleria de Medio Ambiente del Govern durante la pasada legislatura, Miquel Ramis de Ayreflor, afirmó hoy ante el juez en calidad de testigo que el 4 de noviembre de 2003 asistió a una reunión entre cargos de PP y UM celebrada en el Parlament, en la que se informó, según dijo, de que al año siguiente se procedería a la aprobación inicial del Plan Territorial de Mallorca (PTM).

Durante su comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Miquel Florit, Ramis manifestó, sin embargo, no recordar que en aquel encuentro "de cortesía" se tratara de la inclusión en el PTM de determinadas Áreas de Reconversión Territorial (ART), figura que permitía acometer recalificaciones de terrenos, revalorizando su valor, bajo el pretexto de preservar otras zonas de Mallorca, y que habrían generado 'pelotazos' (plusvalías) por valor de unos 300 millones de euros.

Una reunión en la que, señaló, se encontraban la ex vicepresidenta del Govern, Rosa Estaràs, y el ex conseller de Medio Ambiente, Jaume Font, aunque no está seguro de que también participaran el ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, ni la ex consellera de Vivienda y Obras Públicas, Mabel Cabrer.

El declarante, a preguntas del fiscal Juan Carrau, recordó que asistió a otras tres o cuatro reuniones en el Consell con alcaldes o regidores de Urbanismo del PP para hablar con los técnicos insulares de las alegaciones que los municipios habían formulado a la normativa, aunque no recordó que en alguna de ellas se tratara en concreto de una ART de Marratxí o de Alcúdia.

Sí especificó, durante una declaración en la que se mostró desmemoriado en varias ocasiones, que en alguno de los encuentros mantenidos Massot expresó sus "dudas" sobre la legalidad de las ART -como ya recordó ayer ante el magistrado el propio ex director general- mientras que, por el contrario, el ex secretario de la Comisión Balear de Medio Ambiente, Josep Antoni Giménez, "defendía su existencia y legalidad".

"Massot opinaba que se hacía una interpretación extensiva de las ART y Giménez defendía que se ajustaban estrictamente a la legalidad", incidió Ramis al respecto. Asimismo, en referencia a estas áreas que se encuentran bajo investigación judicial, el testigo aseveró que con anterioridad a la legislatura 2003-2007 tenía conocimiento "por la prensa" de la aplicación de esta figura, concretamente en Cala Carbó.