La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya Rodríguez, ha aceptado la petición realizada por la representación jurídica del PP para que la Policía Científica realice un análisis de voz de la grabación de fecha 27 de enero de 2009 en la que supuestamente los entonces directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce solicitan a dos empresarios del Grupo La Raza una comisión de 450.000 euros para desarrollar un proyecto de una escuela de hostelería, hechos por los que también están imputados, además de Mellet y Ponce, la funcionaria Regla Pereira y el delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla acogió durante la mañana de hoy miércoles la continuación de la vista prevista por la Ley del Tribunal del Jurado, que fue suspendida el pasado día 23 de diciembre de 2009 tras la petición de nulidad del acto solicitada por el letrado del delegado provincial de Empleo, petición que fue desestimada por la juez instructora en un auto emitido el pasado 18 de febrero, en el cual acordaba además la continuación del procedimiento para que las partes personadas "puedan proponer las pruebas de las que intenten valerse".

De esta manera, y según el acta de continuación de comparecencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez instructora ha accedido a la petición planteada por la letrada del PP a los efectos de que la Policía Científica, tras realizar un análisis de la grabación aportada por los empresarios ——Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio Rojas—, todo ello con el objetivo de que se identifique a las personas que participan en esa conversación grabada el día 27 de enero de 2009.

Durante la vista, a la que han acudido los cuatro imputados acompañados de sus respectivos abogados, la juez ha aceptado la declaración como testigos del viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá; del jefe de la Policía Judicial; del ex director general de Formación para el Empleo y actual coordinador general de la Consejería del ramo, Juan Manuel Fuentes Doblado, y de la ex directora general de Formación para el Empleo, María José Lara González.

Rechaza una nueva declaración de sánchez cuerda

La juez instructora también ha aceptado la petición realizada por el Ministerio Público para adherir a las actuaciones las hojas histórico-penales de los cuatro imputados, así como incorporar el expediente de información reservada instruido por el viceconsejero de Empleo e incoado el día 12 de febrero de 2009, mientras que rechaza tomar una nueva declaración al empresario Pedro Sánchez Cuerda, ya que argumenta que esta testifical "fue amplia y detallada en todos los términos de la investigación, sin que se aprecie la necesidad de la práctica de nuevas pruebas sobre el mismo".

De igual modo, Mercedes Alaya ha rechazado la petición realizada por los letrados que representan a Mercasevilla y a PSOE para que se tome declaración nuevamente a Mellet "por considerar imprescindible su práctica a efectos de definitiva concreción de la posición de estas partes respecto a los coimputados Rivas y Pereira", todo ello al argumentar la juez instructora que el ex director general del merca "se acoge a su derecho constitucional a no declarar".

Por último, la juez ha rechazado la petición realizada por el abogado de Rivas para que vuelvan a declarar Mellet y Ponce, "ya que se acogen a su derecho constitucional a no declarar", así como también niega la solicitud para que declaren tres trabajadores de la Consejería de Empleo, declaración que considera "impertinentes" al entender que, "en ningún caso, los testigos propuestos podrían acreditar el contenido de las conversaciones telefónicas que se hubieran podido producir entre Mellet y Rivas".

Sobre este particular, el abogado de Rivas, Francisco Baena Bocanegra, que hizo constar su "respetuosa" protesta por la denegación de esta prueba testifical, insistió en declaraciones a los periodistas en que, en este proceso, el delegado provincial de Empleo "es un auténtico convidado de piedra, y lo voy a demostrar", argumentando que su petición para que declaren estos tres funcionarios es demostrar que, en la conversación referida, se trató sobre la participación en la Cabalgata de Reyes Magos de la hija de una funcionaria.