Mazón niega retrasos en PGOU y dice que las críticas del alcalde son una estrategia para deteriorar a Revilla

La memoria ambiental se entregará en el plazo de un mes y el consejero confía que el documento esté aprobado este año

El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, negó hoy que existan retrasos en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander por parte de su departamento, y achacó las críticas en este sentido del alcalde, Íñigo de la Serna, a una "estrategia para deteriorar" la "figura" del presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla.

En rueda de prensa, Mazón también informó que la memoria ambiental que está realizando la Consejería se entregará al Ayuntamiento en un mes, "mucho antes" del plazo que establece la ley —que concluye en verano—, porque su departamento, subrayó, está "volcado" con el PGOU, que confió esté aprobado este mismo año. En este sentido, el consejero exigió al Ayuntamiento la misma "premura" en el desarrollo del plan, así como que éste "cumpla la ley en todos los parámetros".

Mazón manifestó estar "absolutamente sorprendido" por las declaraciones de De la Serna en las que pedía "premura" y urgía al presidente y la vicepresidenta del Gobierno a la conclusión de la memoria ambiental, ya que él explicó personalmente al regidor, vía telefónica, "cómo iba el plan y quedó tranquilo y absolutamente satisfecho". Por ello, consideró que las declaraciones del alcalde responden a una "campaña mediática" porque "por tercera vez sale a los medios presionando para que se elabore la memoria ambiental".

Además, opinó que también forman parte de una "estrategia para deteriorar la figura de Revilla haciéndole responsable de un retraso que no existe y que no es su competencia, porque la competencia está en la Consejería", subrayó.

Por ello, Mazón demandó a De la Serna "lealtad institucional" y que deje trabajar al Gobierno. El consejero afirmó que la "lealtad" de su departamento al Ayuntamiento está probada con obras como el puente de Maliaño, donde se invirtieron más de cuatro millones, la conexión con la S-20, "una de las obras más importantes", o las obras en la calle Inés Diego del Noval, con una inversión de 3,7 millones, entre otras. Y, subrayó, en actuaciones en materia de vivienda para Santander, la Consejería ha gestionado más de cien millones.

Por otra parte, el titular de Obras Públicas negó que su departamento lleve cuatro meses en la elaboración de la memoria ambiental del PGOU, como dice el Ayuntamiento. Al respecto, indicó que la Consejería recibió la documentación del plan "totalmente incompleta" el 24 de noviembre y hasta el 23 de diciembre no tuvo las alegaciones ni las respuestas municipales, con lo que "han transcurrido poco más de dos meses y en fechas complicadas".

Además, defendió que la "premura" que exige el Ayuntamiento al Gobierno la podría haber tenido la Administración local, que lleva tramitando el PGOU desde hace casi cinco años."Es necesario tomarse un tiempo, Santander es un municipio muy importante para Cantabria, para la Consejería de Obras Públicas, para el Gobierno y para mí. Por eso exigimos al Ayuntamiento y a nosotros mismos hacer el plan concienzudamente, no a la ligera", declaró.

Así, reiteró que su departamento se ocupará de la tramitación "concienzudamente y con premura", cumpliendo con el compromiso adquirido con el Ayuntamiento de hacerlo "a la mayor brevedad", pero, subrayó, "no queremos hacerlo mal". "Todos vemos cómo está el urbanismo hoy, las dificultades cuando no se hace un plan bien, lo que ocurre cuando no se cumple la legalidad. Y eso vamos a exigir al Ayuntamiento que haga un plan que se ajuste a la legalidad".

Por ello, insistió en que cuando el Consistorio reciba la memoria ambiental tendrá que hacer "un gran esfuerzo" para cumplir con todos los aspectos ambientales y legales "y esperamos que esta vez no tarde tanto como hasta ahora".

Al respecto, aseguró que muchos de los grandes proyectos "pendientes" como la sede de Moneo, La Remonta o la reunificación de las estaciones "no son achacables al Gobierno" porque "si el Ayuntamiento hubiera ido más rápido en la tramitación, estarían solucionados".

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