La decisión ha sido tomada este mediodía, tras el encuentro que el Sindicato Andaluz de Trabajadores y la Asamblea de Parados de Maracena han mantenido con la entidad local para acercar posturas ante la reciente amenaza de estos seis desempleados —cuatro hombres y dos mujeres— de dejar de tomar líquidos si no se atendían sus reivindicaciones, según informó a Europa Press el promotor de la iniciativa, José Carlos Polo.

Así, el Ayuntamiento se ha comprometido a que en el plazo de un mes estará funcionando una nueva bolsa de trabajo con un criterio de baremación "más social", de modo que primero se dé trabajo a las "familias más necesitadas del pueblo". Asimismo, se creará una comisión de seguimiento de esta bolsa de trabajo para "evitar los enchufismos" que a juicio de los parados se estaban produciendo en la adjudicación de los trabajos.

También se pondrá en marcha en menos de 30 días un plan especial para ayudar a familias en riesgo de exclusión social y se crearán cursillos de formación para jóvenes y personas mayores de 45 años, "que son los que tienen más difícil acceder a un empleo".

Tras este principio de acuerdo, los seis parados han decidido abandonar su reivindicación, que ya les estaba "costando la salud", según aseguró Polo, quien se manifestó "muy cansado" pero también "emocionado" tras ver que su protesta ha dado sus frutos y servirá para que "todos los vecinos de Maracena tengan los mismos derechos" en la adjudicación de la bolsa de trabajo.

De hecho, el Ayuntamiento de Maracena también se ha comprometido a mediar con las empresas que realicen obras públicas para que buena parte de sus trabajadores sean desempleados del pueblo, que en su mayoría perdieron su puesto de trabajo en el sector de la construcción.

De este modo, se pone fin a una protesta que comenzó con un encierro en el salón parroquial de Maracena a principios de febrero y se ha prolongado durante casi un mes. Durante este tiempo, han mediado en el conflicto tanto el Sindicato Andaluz de Trabajadores, como el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, y el Defensor del Ciudadano en Granada, Melchor Saiz-Pardo, a fin de que parados y Ayuntamiento llegaran a un entendimiento.