La «moral impuesta» de Ana Botella

La «moral impuesta» de Ana Botella

La «moral impuesta» de Ana Botella
Varias mujeres hacían la calle el martes por la tarde en Montera. (J. París)
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Las prostitutas de Madrid critican la campaña municipal contra sus clientes y piden espacios seguros para ejercer.
Son más de 1.500, mayoritariamente mujeres, y cada día venden su cuerpo en la calle para sacar un jornal. Sus motivos son múltiples: malvivir, muchas veces con varios familiares a su cargo, pagar la penúltima dosis o tener contento a su proxeneta.
A los riesgos habituales que corren las prostitutas (inseguridad, enfermedades, inclemencias meteorológicas), se suma desde hace algo más de un año la presión municipal, que vigila y acota sus habituales zonas de trabajo (Montera, Casa de Campo, Marconi, etc.) y que ahora apela, con una campaña de publicidad, a la conciencia de sus clientes para que no consuman sexo callejero.

Estas profesionales están cansadas de que el Ayuntamiento les quiera imponer «la moral particular de Ana Botella», según critica Cristina Garaizabal, del colectivo en defensa de los derechos de las prostitutas Hetaira.

«No es delito»

A las mujeres representadas en esta asociación les parece que es una barbaridad culpabilizar al cliente, ya que «no es delito ni lo uno ni lo otro», en referencia también a su propia actividad. Al menos, el Ayuntamiento no aplica políticas «mucho más bestias», como son para Garaizabal las multas que se anuncian en Barcelona y Valencia.

Las prostitutas reclaman espacios seguros y tranquilos. Reconocen que su uso de la calle genera problemas, pero afirman que la solución no es cerrar zonas y trasladar el negocio unas calles más allá. Hetaira defiende la creación de espacios específicos para el ejercicio libre de la prostitución, como en el Barrio Rojo de Amsterdam, libres de mafias y proxenetas.

«Cada vez nos lo ponen más difícil»

Jenny es ecuatoriana, tiene 24 años y lleva tres ejerciendo en el entorno de Montera. Con ella se pasea por la calle Evelyn, una camerunesa de 22 años. Ateridas por el frío que se les cuela bajo la minifalda, las dos protestan por la postura del Ayuntamiento. «No nos gusta el trabajo, pero es la única salida que tenemos. Y cada vez nos lo ponen más difícil», lamenta Jenny.

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