El gobierno municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Baena (Córdoba) ha pedido a la Guardia Civil que investigue la actividad laboral que supuestamente desarrolla, estando de baja médica del Cuerpo, el cabo de la Benemérita que abrió la investigación del caso de las llamadas 'facturas falsas' de Baena.

Según informaron hoy en rueda de prensa el asesor jurídico del Consistorio baenense, Juan José Losa, junto al primer y a la segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento, Jesús Rojano y María Jesús Serrano, respectivamente, esta es una de las medidas adoptadas como reacción al hecho de que el cabo y su mujer han exigido, por vía judicial, al alcalde de la localidad, Luis Moreno, y a tres concejales del gobierno municipal, el pago de 300.000 euros para evitar una querella por injurias y calumnias.

La respuesta municipal ha consistido en remitir al Negociado de Régimen Disciplinario de la Dirección General de la Guardia Civil "un completo dossier, revelador, por un lado, de la actuación del agente Pablo Muñoz, como colaborador de la trama política que desde hace meses viene denunciando el equipo de gobierno y, por otro lado, de la actividad empresarial que viene ejerciendo para la empresa Baenex como agente comercial, a pesar de encontrarse de baja médica por motivos psicológicos de los que precisamente responsabiliza al equipo de gobierno".

Desde el Ayuntamiento baenense se refieren así al hecho de que en las demandas de conciliación, previas a la presentación de la querella, el guardia civil y su mujer, la ex contable del empresario cuya denuncia dio origen al caso, pero que luego se retractó y dijo que denunció bajo coacciones y amenazas del cabo, afirman que han sido objeto del "injusto oprobio" por parte del alcalde y de los tenientes de alcalde Rojano, Serrano y José Calvo, lo que llevó al cabo, según declara el mismo, a estar "de baja para el servicio desde agosto de 2008, a consecuencia de las presiones mediáticas sufridas", mientras que su esposa "se encuentra en tratamiento psicológico por los mismos motivos e incluso ha sido despedida de su trabajo".

En relación con ello, el asesor jurídico del Ayuntamiento de Baena, Juan José Losa, aclaró que la información remitida a la Guardia Civil ahora por el Consistorio "demuestra la falsedad de los argumentos esgrimidos por el matrimonio, puesto que ni las fechas de la baja médica (del cabo) ni la del despido (de su mujer) coinciden con el inicio de lo que ellos consideran acoso mediático", al que supuestamente les sometieron el alcalde y los tres tenientes de alcalde mencionados.

Prueba de ello es que "la primera vez que desde el equipo de gobierno se pronuncia el nombre de ambos, como colaboradores de una trama política, es el 23 de febrero de 2009, seis meses después de la baja médica del cabo (agosto de 2008) y catorce meses después del despido de ella en la empresa para la que trabajaba (octubre de 2007)". En definitiva, "el alcalde y los concejales no son los responsables de sus situaciones laborales, por lo que no procede que les pidan una indemnización de 300.000 euros".INCOMPATIBILIDAD,

Lucro y familia

Pero, a juicio de Losa, "más grave aún es el comportamiento del señor Muñoz en el terreno laboral, puesto que los motivos que menciona para estar de baja médica no le impiden desarrollar una actividad comercial para una empresa en la que su esposa es administradora y que se encarga a la venta de diferentes productos, como huesos de aceituna, aceite de soja e incluso carburantes rusos, a la vista de sus propios comentarios en diversos foros públicos, por lo que podría haber incurrido en un situación de incompatibilidad, que ahora debe investigar la Guardia civil".

El letrado concluyó subrayando que "la presentación de las demandas de conciliación responde claramente a un ánimo de lucro por parte del cabo, que cobra de todos los contribuyentes estando de baja laboral, dice que por culpa del equipo de gobierno, mientras que trabaja para una empresa y, para rematar la faena, reclama una indemnización de 300.000 euros por daños a su imagen".

Por su parte, para el primer teniente de alcalde, Jesús Rojano, toda la información recopilada apunta a una misma dirección, la de que "la intervención del agente Muñoz está teñida por relaciones familiares que debieron hacerle abstenerse de su participación en la investigación y que arrojan una sombra de duda sobre sus relaciones políticas y empresariales con personas que mantienen una abierta enemistad con este Ayuntamiento", en relación al hecho de que la hermana del cabo es la concejala de IU en el Consistorio baenense, María Jesús Muñoz, que ejerce la acusación particular en el caso de las facturas.

Rojano añadió que "lo verdaderamente lamentable de la actuación de este agente es que hace política escondido detrás del prestigio y el buen nombre de la Guardia Civil, una institución que merece todos nuestros respetos, pero que ha sido y está siendo utilizada en unas demandas de conciliación absolutamente imprecisas, en cuanto a su contenido, y radicalmente falsas".

Por último, la segunda teniente de alcalde, María Jesús Serrano, coincidió en calificar como "falsas" las demandas de conciliación y recordó que el equipo de gobierno se ratifica su denuncia pública de que hay una trama política contra el alcalde y el gobierno municipal, de la que "el anuncio de esta querella es su último paso". Serrano también se refirió a IU, al describiéndola como "escudo y portavocía de una empresa de construcción y de un oscuro grupo de personas con intereses sospechosos".