En una nota, la Cámara de Cuentas de Andalucía consideró que la apertura de las mencionadas diligencias constituye el procedimiento "normal y ordinario" de relación de los órganos autonómicos con la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para "aportarle la información necesaria para garantizar la rigurosa gestión de los fondos públicos".

El órgano fiscalizador andaluz precisó que en dicho procedimiento prestó "desde el principio su más completa y diligente colaboración en la seguridad de contribuir con su actuación al desarrollo y profundización de los controles al que deben someterse los organismos del sector público, despejando con ello cualquier duda con respecto al proceder de la institución y de sus miembros".

Agregó que la Cámara de Cuentas ha sostenido que "el sistema de gastos de representación aprobado por el pleno ha tenido como objetivo prioritario intentar limitar de manera clara, precisa y transparente las partidas destinadas a este concepto", por lo que su actuación "se ha ajustado, en todo momento, a la normativa existente y se encuentra dentro de los ámbitos de actuación de otros organismos de similares competencias".

Aseveró que el archivo de las diligencias por parte del Tribunal, "la máxima autoridad de control de nuestro país", para el ente fiscalizador "deja fuera de toda sospecha la actuación de este pleno y debería hacer reflexionar a aquellos que han cuestionado la forma de proceder de esta institución y de las personas que formamos parte de la misma".

Asimismo, añadió que los consejeros, "que son elegidos entre personas de reconocida competencia profesional, han seguido trabajando en el desarrollo normal de sus funciones, incluidos los que están pendientes de renovación, y continuarán en sus puestos de trabajo, a la espera de que, por los procedimientos establecidos por la Ley, se resuelva la renovación por los órganos competentes".

Para este organismo "no deja de resultar llamativo que algunos aspectos del funcionamiento ordinario de la Cámara de Cuentas como el uso limitado de los tres coches para los ocho altos cargos que tiene la institución, o la dirección de un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo que, por otra parte, estuvo financiado con ayudas de entidades financieras de Andalucía y de una revista especializada, se presente como ejemplo de mal funcionamiento o grave irregularidad".

Añadió que, "igualmente, por lo que se refiere al alquiler de la vivienda del consejero mayor, hacemos constar que tanto desde el punto de vista jurídico-privado como administrativo y fiscal, Rafael Navas tiene su residencia habitual en un municipio de la provincia de Cádiz, de cuya Universidad es catedrático desde 1998, situación en la que se encuentra en el año 2002 cuando se produce su nombramiento".

Actuación "absolutamente discreta y de respeto"

Señaló que en todo este proceso la Cámara de Cuentas ha actuado "de forma absolutamente discreta y respetando el papel que a todas las instituciones y también a los medios otorga la Constitución, por lo que ha ofrecido cuantas explicaciones se le han solicitado, con la misma base y argumentación que ha resultado suficiente a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para emitir su dictaminen".

Por último, para la Cámara de Cuentas de Andalucía consideró "de mayor interés" mantener entre los órganos fiscalizados y entre la opinión pública la imagen de "rigor y seriedad" que debe desprenderse de la función que ejerce, por lo que espera con estas aclaraciones "despejar cualquier tipo de dudas sobre su actuación", de manera que seguirá trabajando en su función fiscalizadora, que es su principal cometido.