Los ciudadanos de Baleares son los que plantean más reclamaciones de consumo de toda España, en una evolución que les ha llevado, en el plazo de 20 años, de formular simples quejas a interponer demandas legales hasta en el 86 por ciento de los casos, dependiendo del tipo de problema a que se enfrenten, lo que les sitúa "muy por encima" de la media española, que se sitúa en el 82,9%. Algo que se interpreta como un "síntoma de salud" social.

Esta es la principal conclusión que se desprende del tercer estudio sociológico sobre los problemas jurídicos de los españoles realizado por la compañía Arag, cuyos resultados para las islas fueron presentados hoy en el Hotel Maricel de Palma de Mallorca por la directora de Comunicación corporativa de este emporio especializado en atender problemas legales de todo tipo, Virginia Tusell, quien, además, coordinó su realización.

Según las conclusiones del mismo, los baleares reclaman en el 80 por ciento de los casos cuando se trata de problemas relacionados con la vivienda y propiedades inmobiliarias, cuyo volumen "no se ha incrementado" desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, aunque sí "han cambiado radicalmente" el sentido de las consultas que formulan los clientes, cobrando mucha más importancia los alquileres, que antes eran un aspecto "marginal", confirmó.

Tusell, quien estuvo acompañada por el delegado de zona de Arag, José Enrique Gómez, detalló que, en el ámbito laboral, el volumen de reclamaciones alcanza el 72,2%, frente al 65,5% de la media estatal; mientras que el archipiélago también supera al resto de España en reclamaciones formuladas por los conductores —que son la principal especialización de la compañía—, con un 73,7%, frente al 68,9 registrado en el conjunto del país.

Sin embargo, también manifestó que "esta actitud positiva no se corresponde" con el nivel de orientación legal que afirman tener los encuestado de Baleares, ya que "ante un problema legal concreto, más de la mitad de la población no sabe a quién acudir", en una dinámica que afecta al 55,4% de los residentes consultados. Y, aunque consideran un "referente" a los abogados (56%), la mayoría opta por recurrir a otros profesionales.

La principal causa de ello es que los consumidores consideran que los servicios jurídicos de un profesional de la abogacía son excesivamente caros, que la administración de Justicia es demasiado lenta, así como que su problema no es lo suficientemente grave como para contratar a un abogado. Aunque, a este respecto, Virginia Tusell precisó que éste "puede evitar muchas veces que el conflicto no vaya a más" y se resuelva de forma amistosa.

Reclamaciones inadecuadas

También recoge el estudio de Arag que los ciudadanos de las islas "reclaman de forma muy adecuada", al considerarse correctas las medidas que adoptan ante a un problema laboral en el 72,2% de los casos, y en el 56,6% cuando es de vivienda, frente al 47% y 34,9%, respectivamente, que se registran de media en España. Sin embargo, en lo que toca al automóvil, el nivel de acierto está "más de diez puntos por debajo del conjunto nacional", ya que sólo el 21% son adecuadas.

Por lo que se refiere al perfil de los ciudadanos de las islas que manifiestan haber tenido problemas legales, la compañía apunta que, principalmente, se trata de personas residentes en zona urbana, de entre 25 y 49 años de edad, más frecuentemente varones, con trabajo y estudios superiores. Las personas consultadas admiten que los motivos de las reclamaciones les provocan irritación, intranquilidad, cansancio y tristeza.

Y, la percepción que tienen de ese riesgo es inferior a la del resto del Estado —del 55,4% frente al 57,%—, lo cierto es que degenera en problemas de sueño y pérdida de eficacia en el puesto de trabajo. De hecho, los conflictos legales son la causa del 4,5% de las bajas médicas laborales registradas.