La morosidad de las Administraciones Públicas se ha triplicado en un año, y los ayuntamientos y consellerias de la Comunitat Valenciana están pagando a sus proveedores con un retraso que oscila entre los 210 y 380 días. Esto ya está provocando que detrás del 25% de los cierres de pequeñas y medianas empresas estén los impagos, lo que acaba generando más destrucción de empleo.

Este diagnóstico, realizado por la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), se agrava todavía más en el caso de la construcción, donde los retrasos e impagos del sector público están detrás del 80% de cierres empresariales.

De hecho, según el vicepresidente de la Asociación de Impagados de la Construcción (Aepic), José María Carrasco, la valenciana es la segunda autonomía en este particular ranking. “Los gobernantes sólo se movilizan cuando una gran empresa manda a 1.000 obreros al paro, pero esto pasa todos los días con la muerte de pequeñas empresas. Cada parado es una tragedia”, se lamenta.

La falta de dinero obligó el año pasado a 80 ayuntamientos valencianos a solicitar préstamos por 257 millones de euros para liquidar sus facturas con empresas.

La sanidad valenciana viene sufriendo estos problemas desde hace años, lo que le ha ocasionado todo un rosario de condenas judiciales. Los datos de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) indican que la Comunitat mejoró en 2009, aunque aún  tarda 317 días de media en pagar a sus proveedores, frente a los 269 del conjunto de España.

Camps responde sobre los impagos

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, responde este jueves en la sesión de control al Consell en Les Corts a una pregunta del PSPV-PSOE sobre los “extensos y reiterados impagos”. Fuentes socialistas cifran en 17.000 millones de euros la deuda autonómica, por lo que cada valenciano tendría que pagar 3.400 euros para saldarla. Además, señalan que un tercio de los pagos en materia sanitaria corresponden ya a los intereses de demora.