La diputada del PP, María José Sáenz de Buruaga, acusó al Gobierno de ser "políticamente responsable" de este fallo judicial contra Liendo, quien a su juicio está "inhabilitado" para desempeñar sus funciones porque, pese a ser el "primer garante" del servicio, fue "el primero que lo vulnera".
Por este motivo, los 'populares' llevaron al Pleno del Parlamento una moción en la que se reprobaba la infracción de datos y se instaba al Gobierno al cese "inmediato" del gerente de Atención Primaria en Santander-Laredo, petición que socialistas y regionalistas calificaron de "desvarío" o intento de llevar a Liendo "a la hoguera".
La secretaría general del PP aseveró que "el código ético y la responsabilidad política no existen para este Gobierno", considerando que la "total impunidad" con que a su juicio actúan sus miembros supone "una forma de corromper la política". "El único límite es el Código Penal, todo lo demás está permitido, todo vale", sentenció.
La diputada del PSOE, Purificación Saiz, censuró el tono de Sáenz de Buruaga y recriminó a la oposición su intento de "echar a la hoguera" a Liendo, de quien ensalzó su "esfuerzo y tesón", calificando la petición del PP de "desvarío".
Y para la regionalista Alodia Blanco, la dimisión del responsable del área es una sanción "desproporcionada y arbitraria", además de apuntar a que esta petición debería extenderse a los cinco médicos que permitieron que los datos estuvieran colgados una semana entera en el tablón del centro de salud.
Ambas parlamentarias defendieron el cambio en la dispensación de la metadona a los toxicómanos en los centros de salud en cuyo contexto se produjo la difusión de estos datos.
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