Así lo indicó en declaraciones a los periodistas el concejal de Movilidad, Francisco Fernández (PSOE), que aseguró respecto al futuro del ente que prefiere "pensar en positivo", ya que la situación de Tussam "requiere de una actuación y compromiso por parte de todos los miembros del consejo de administración", en alusión a los miembros del equipo de gobierno y sectores como consumidores, vecinos o sindicatos.

A éstos, señaló Fernández, la corporación "tiene que darles alternativas para que Tussam siga siendo lo que el gobierno y la mayoría de la ciudad quieren, una empresa 100 por cien pública y que dé servicio a todas las necesidades de transporte de Sevilla de una manera eficiente y eficaz".

Para ello, agregó, se necesitan propuestas "que nos comprometan a todos para buscar la mejor de las opciones", señalando al respecto que en la segunda reunión del consejo de administración para analizar el documento "a éste no se ha hecho ninguna aportación por escrito distinta a la que ha llevado a cabo un consejero en representación de IU".

El edil de Movilidad culminó indicando que la intención es que "muchas de las conversaciones o intervenciones que se hicieron el mismo día del consejo se puedan materializar para la reflexión, el análisis y la decisión de lo que queremos que pueda ser Tussam, así como de las alternativas".

La postura de los trabajadores

El consejo de administración volverá a reunirse de nuevo en un plazo aproximado de diez o 15 días con el fin de concretar en un documento el plan de estabilidad de la empresa, sobre el que ya se ha debatido, según informó a Europa Press el secretario general de CCOO en Tussam, Miguel Pereira.

El representante de CCOO en Tussam ya precisó que una vez que se conozcan los detalles del plan tomarán "las decisiones oportunas en función del mandato de la asamblea de trabajadores, que es intentar llevar la negociación hasta su punto final, que sea el objetivo principal siempre que haya disposición por parte de los responsables políticos", pero advirtió de que "si lo que se pretende es una imposición, el conflicto estará servido".

En esta línea, señaló que la intención de los trabajadores es "mantener el carácter público de la empresa al cien por cien y mantener el cien por cien de los puestos de trabajos, eventuales e indefinidos", en lugar de la "cicatería" que a su juicio supone "recortar derechos sociales que en absoluto son causa del problema económico".

"No se va a hundir la empresa porque se le dé a un trabajador 80 euros al año para ayudas de estudio", sentenció Pereira, quien insistió en que "si se pretende ir por ahí se entenderá que la dirección de la empresa sigue situada en la provocación que han venido sufriendo los trabajadores en los últimos meses".