La vicepresidenta del Gobierno regional, Dolores Gorostiaga, afirmó hoy en Madrid que Cantabria "seguirá apoyando" a los cuidadores familiares de personas en situación de dependencia, ya que, en estos momentos, son una "figura fundamental" para el desarrollo de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

De esta manera, la también consejera de Empleo y Bienestar Social apoyó el acuerdo para la mejora de la calidad en las prestaciones de cuidados en el entorno familiar aprobada por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, presidido por la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez.

Gorostiaga recordó que en la actualidad existen en Cantabria 7.400 cuidadores no profesionales, en su gran mayoría mujeres, que tienen reconocida una prestación económica para hacerse cargo del cuidado de familiares mayores y en situación de dependencia.

Frente a la demanda de varias comunidades gobernadas por el PP para reducir este tipo de prestaciones en el conjunto de la Ley, Gorostiaga defendió que los cuidadores familiares deben ser "figuras muy relevantes en el Sistema Público de Atención a la Dependencia".

En este sentido, consideró "injusto" excluir del sistema público que ampara la Ley a un sector de población que en Cantabria es "muy numeroso" y que "durante años y años" se han hecho cargo personalmente del cuidado de sus familiares mayores o dependientes, "sin ninguna contraprestación económica y sin reconocimiento legal" por parte de la Administración.

Tras manifestar que la Ley de Dependencia "no se puede desarrollar de espaldas a la sociedad", la vicepresidenta cántabra manifestó que esta norma debe reconocer los usos de cada sociedad para avanzar en la configuración de un "verdadero sistema público de calidad".

"La familia, casi siempre hijas, mujeres y nueras, han sido las responsables de atender y cuidar" a las personas en situación de dependencia, señaló Gorostiaga, para añadir que "tenemos el deber de reconocer ese papel".

Fuera de lugar

Gorostiaga consideró "fuera de lugar" que se trate de hacer ver que las prestaciones en el entorno familiar suponen la paralización del desarrollo de infraestructuras públicas y privadas concertadas para la atención a personas mayores y en situación de dependencia. Por el contrario, indicó que "Cantabria es buen ejemplo de que ambas figuras son perfectamente compatibles".

En la actualidad, de las 12.000 prestaciones efectivas dentro de la Ley de Dependencia en Cantabria, 7.400 son económicas para cuidados en el entorno familiar.

Paralelamente, Cantabria ha incrementado notablemente el número de plazas públicas y concertadas en residencias de mayores y centros de día. Así, en 2003 había tan sólo 2.600 plazas, mientras que ahora existen casi 6.000, que a finales de este año serán más de 6.300 plazas, según Gorostiaga.

Garantizar la mayor calidad

Por todo ello, Gorostiaga apoyó la propuesta del Ministerio para establecer unos criterios comunes para garantizar la mayor calidad en la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

Se trata de propuesta de mínimos a partir de la cual cada autonomía tiene capacidad de gestionar sus recursos en función de las necesidades y las demandas de las personas en situación de dependencia.

Gorostiaga considera fundamental que, ante la solicitud de este tipo de prestación, se realice una valoración previa de la adecuación tanto del prestador de cuidados como de las condiciones de la vivienda habitual donde se van a realizar dichos cuidados, para que ninguna de estas dos circunstancias supongan una "mengua" en el derecho a la atención y a una vida digna.

Cuidadores familiares

Los cuidadores familiares de personas dependientes reciben una prestación económica e incluso el alta en el sistema general de la Seguridad Social.

Este reconocimiento, pionero en España y que establece la Ley de Dependencia, se refuerza ahora con la aprobación de estos criterios para la mejora de la calidad de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, compartidos por el Estado y las comunidades.