En rueda de prensa en Jaén, el secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, analizó la marcha de la norma y aseguró que, al igual que defendió en el VII Acuerdo de Concertación Social para las empresas en general, las subvenciones, en este caso a los productores, "deben estar ligadas al empleo".

A su juicio, "no es normal" que el dinero de todos los andaluces, que es el que en definitiva pone el Gobierno andaluz a disposición de las empresas, "no tenga ningún requisito relacionado con el empleo y no vaya unido al beneficio social de esas ayudas", por lo que apostó por la acreditación ante la Junta de los puestos de trabajo que se generan.

De esta forma, insistió en que la Ley del Olivar no puede se una norma "de carácter genérico, como son ahora las ayudas de la UE, para el conjunto del territorio y del olivar más allá de la rentabilidad de la producción", por lo que ante el cambio que se prevé en 2013 en los fondos europeos abogó por que los que emanen de la nueva ley no existan "sólo en término de mantenimiento del olivar, por su valor social y ecológico, sino también por el empleo".

En este punto, el secretario general de la Federación Agroalimentaria (FTA) de UGT Andalucía, Pedro Marcos, llamó la atención sobre el hecho de que la PAC y sus sucesivas reformas han primado a quien más produce, que mayoritariamente es "quien más puede invertir" y quien "va dando menos empleo". Y es que, según dijo, junto a los productores hay unos 500.000 agricultores en la comunidad que completan su labor en pequeñas explotaciones con el trabajo por cuenta ajena y que "se verían seriamente afectados si el olivar quedase por debajo de los niveles de rentabilidad".

Un cultivo social

"En los municipios con olivar hay menos desempleo en el campo. Eso quiere decir que es el cultivo social por excelencia y además, genera uno de los mayores número de jornales que cualquier otro cultivo. Por eso, en los contratos territoriales que se enmarquen en la Ley debe de ser condición indispensable a la hora de fijar las ayudas, su reparto y tratamiento, el mantenimiento del empleo", apuntó.

Marcos puso de manifiesto que la mecanización del campo ha provocado que el número de jornales medios pase de los 152 en el 2000 a los 60 del año pasado, de modo que incide en una mayor destrucción de empleo, con "la disminución a casi la mitad los casi 18.000 trabajadores fijos que había en Andalucía hasta hace apenas dos años".

Al respecto, Pastrana indicó que la reducción de empleo en el sector agrícola es una tendencia constante desde hace décadas que también se da en el entorno europeo y que sin embargo, se ve compensada por la creación de otras actividades en el medio rural. Por ello, hizo hincapié en que cualquier estrategia relacionada con el campo debe tener como objetivo el avance del sector, para lo que es básico introducir la innovación tecnológica, al tiempo que necesita otros planes que amplíen actividades y ayuden a mantener la diferencia "sustancial" y "positiva" de Andalucía como "única región europea donde el 50 por ciento de la población vive en el medio rural".

Así las cosas, el secretario general de UGT-Andalucía consideró que es "absolutamente necesario" que la nueva norma despeje la actual "incertidumbre" sobre el olivar tradicional y, junto a los aspectos estrictamente económicos, tenga en cuenta sus elementos social y ecológico. De lo contrario, la Ley del Olivar no contaría con el apoyo del sindicato, que, por otra parte, exigió su "participación activa" como representante de los trabajadores tanto en el resto del proceso hasta su aprobación como en los órganos que se deriven de su puesta en marcha.