Gerardo R.A. admitió hoy los hechos ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, y ha mostrado su conformidad con la petición de penas que previamente habían negociado su defensa, el Ministerio Fiscal y las cinco acusaciones particulares.

El magistrado Agustín Alonso ya ha anunciado que respetará esta petición de penas, inferior a los ocho años de prisión que reclamaba el Ministerio Fiscal, aunque superior en la reclamación de indemnizaciones, que inicialmente eran de unos 198.000 euros y a las que se incorporan nuevas cantidades, una de ellas por importe de 96.000 euros.

El acusado llegó a la Audiencia Provincial esposado, ya que en la actualidad cumple prisión por otro delito similar, cuya instrucción se encuentra bastante avanzada, pendiente sólo de que el Juzgado numero 4 realice el escrito por el que finalizan las diligencias y se pueda proceder a convocar el juicio.

Los hechos juzgados hoy sucedieron entre septiembre de 2005 y agosto de 2006. A lo largo de ese período, el acusado suscribió diversos contratos de compraventa y opciones de venta para viviendas ubicadas en una finca en Puente San Miguel.

El procesado acompañaba los contratos de los números de parcela y llegó a incluir los planos, pero en realidad no actuaba en nombre de ninguna empresa inmobiliaria y la agencia en cuestión no poseía esa finca, en las que, además, no había proyecto de construcción ni siquiera solicitud de licencia.

De este modo logró hacerse con cantidades que oscilan entre los 22.000 y los 66.000 euros de seis compradores. Además, pidió un préstamo de 96.000 euros a otro, de quien era amigo desde hace años y que ha admitido que no tenía intención de devolver.