El ministro de Justicia de Marruecos, Abdelwahed Radi, ha reconocido este miércoles que al Gobierno marroquí le hubiera gustado que la activista saharaui Aminatu Haidar fuera expulsada a otro país que no fuera España, cuando llegó el pasado 14 de noviembre al El Aaiún procedente de Las Palmas y rechazó ser marroquí.

Radi, que se reunió este mediodía con el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, insistió en que en este caso tanto Marruecos como España "son víctimas" y aclaró que al rechazar ser marroquí Haidar tenía que ser expulsada al lugar de donde venía. "Desgraciadamente era España, nos hubiera gustado que fuera otro país", señaló.

Radi se reunió también con el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, al que trasladó "la posición de Marruecos". "Somos conscientes de las dificultades que atraviesa España en este asunto y esperamos que se encuentre una solución", aseveró.

Como otros responsables marroquíes, el titular de Justicia denunció que el problema lo "ha creado claramente la gente que es contraria y hostil a la unidad territorial de Marruecos y que han utilizado a esta mujer para la escalada y para crear un problema primero a Marruecos y luego a las relaciones entre Marruecos y España". En este sentido, consideró que los dos países son "suficientemente prudentes para conseguir superar esta situación que es un accidente en el camino".

Regreso al El Aaiún

"Las relaciones entre España y Marruecos están muy ancladas en la historia", insistió, sin querer entrar a valorar qué podría ocurrir si la activista saharaui falleciera como consecuencia de la huelga de hambre que mantiene desde el pasado 16 de noviembre. "No hago política de ficción, no es nuestro problema", aseveró Radi.

Fuentes del Ministerio de Política Territorial explicaron que durante la reunión el vicepresidente tercero trasladó a Radi la posición del Gobierno español, incidiendo en que Haidar tiene pasaporte marroquí. En consecuencia, y según estas fuentes, todo lo que esté relacionado con la vuelta de la activista saharaui a El Aaiún ha de contar con la colaboración del Gobierno marroquí, porque el Ejecutivo español no lo puede resolver por sí solo.