Seis funcionarios y agentes policiales, entre ellos el delegado y el subdelegado de la Fiscalía general y el secretario de Seguridad Pública en el estado mexicano de Quintana Roo, fueron detenidos por supuestos nexos con el narcotráfico, informaron hoy fuentes oficiales.

Las detenciones se realizaron en acciones por separado y de ellas informaron distintas fuentes.

La Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) indicó que un juez ordenó la aprehensión de Nicolás Hernández Mendoza y Jesús Vega Romero, delegado y subdelegado, respectivamente, de la PGR en Quintana Roo.

El juez ordenó la captura de ambos "al considerarlos probables responsables en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud (narcotráfico) en la modalidad de fomento", indicó la PGR al señalar que los dos detenidos fueron enviados a un penal del estado de Tamaulipas (noreste).

Precisó que los detenidos "tienen nexos y brindaban protección" a los cárteles de los hermanos Beltrán Leyva y del Golfo que operan en Quintana Roo.

También en Quintana Roo fue detenido el secretario de Seguridad Pública de ese estado, Salvador Rocha Vargas, por su presuntos nexos con la delincuencia organizada.

Horas antes, en el centro turístico de Cancún, que pertenece a Quintana Roo, soldados del Ejército mexicano detuvieron al director de la Policía Turística de esta localidad, a un agente del Ministerio Público y a un policía también acusados de delincuencia organizada.

Una fuente oficial dijo que los detenidos son Alejandro Betancourt Pérez, director de la Policía Turística de Cancún, el policía Mariano Martínez y el agente del ministerio público David Lozano.

Combatir el crimen organizado

Las autoridades realizan desde el año pasado la llamada Operación Limpieza en instituciones federales encargadas de combatir al crimen organizado, por la que han sido detenidas una decena de altos funcionarios, entre ellos el zar antidrogas de diciembre de 2006 a junio de 2008, Noé Ramírez Mandujano.

Además, han sido arrestados 200 servidores y ex servidores públicos de seis estados del país, acusados de proteger actividades criminales.