Los Mossos d'Esquadra han desarticulado una compleja red que adquiría tarjetas y documentación robadas a extranjeros por carteristas y las utilizaba para realizar compras ficticias con establecimientos de miembros de la red o comprar productos y venderlos a un precio rebajado en una operación saldada con 17 detenidos y 10 registros.

La operación se inició en enero con la investigación de diversos 'puntos de connivencia' o comercios donde se hacían múltiples operaciones con tarjetas bancarias sustraídas con el consentimiento de los responsables de los establecimientos, titulares de las cuentas corrientes vinculadas a las terminales TPV de los mismos. Estos establecimientos son un almacén de alimentación al por mayor, un restaurante bar, ambos de Sant Adrià de Besòs, y un taller mecánico de Sabadell, donde se detuvo a sus administradores.

Los Mossos habían recibido diversas denuncias por robos y hurtos a extranjeros en Barcelona en los que las tarjetas robadas eran utilizadas poco después del robo en un establecimiento de alimentación --uno de los puntos de connivencia investigados-- con cargos elevados.

La policía averiguó que había otros implicados en los hechos en una compleja red: las personas que robaban las tarjetas y la documentación; los 'pasadores', que podían realizar compras fraudulentas en comercios superponiendo su fotografía en la documentación o hacerlo en los 'puntos de connivencia' con las tarjetas robadas en terminales TPV de los establecimientos que no correspondían a ninguna compra. A cambio, el propietario les daba un porcentaje de la operación en metálico, un 50 por ciento.

Este fraude se tiene que realizar de forma profesional, coordinada y rápida mientras la tarjeta "está caliente", ya que en unas pocas horas el titular legítimo puede denunciar el robo y bloquearla.

El último escalón en el organigrama son los responsables de los comercios, que se lucran con un porcentaje de las operaciones realizadas en sus establecimientos. Los Mossos han podido acreditar una cuarentena de operaciones fraudulentas, por un importe aproximado de 35.000 euros.