La abogada del asesino confeso de Marta del Castillo ha pedido la
nulidad del auto que autorizó intervenir sus conversaciones en el locutorio de la cárcel, que se destruya su soporte informático y que el contenido
se anule como prueba para el futuro juicio.
En su recurso, la letrada de Miguel C.D. dice que el
único objetivo de la intervención de las conversaciones en la cárcel era "encontrar el cuerpo de la menor a cualquier precio", por lo que una vez comprobado el resultado negativo el juez debió calificarlas como
confidenciales y no entregar su transcripción a las demás partes.
Al grabar las conversaciones de los acusados con sus letrados, el juez vulneró su derecho a la asistencia letrada y les
causó indefensión, al transmitir a las demás partes los "consejos profesionales, valoración jurídica y técnica de defensa" que pensaran utilizar.
El juez de instrucción 4 de Sevilla autorizó el pasado 3 de marzo
intervenir todas las conversaciones de los encarcelados por el crimen de Marta basándose en la apreciación policial de que
"estaban mintiendo" al afirmar, primero, que la habían arrojado al Guadalquivir, y luego, a un contenedor de basuras.
La transcripción de dichas conversaciones no reveló el paradero del cuerpo pero en ellas el asesino confeso ratificaba que lo arrojó a un contenedor y
expresaba su sorpresa por el hecho de que no hubiese aparecido, después de un mes de búsqueda, en el vertedero de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
El recurso de la abogada Paloma Pérez Sendino recuerda que el derecho a mentir es un
precepto constitucional que tienen todos los imputados y por ello "esa petición de la Policía no sería motivo suficiente para un
sacrificio del derecho constitucional".
Además, para vulnerar el derecho al secreto de las comunicaciones "se necesita que la
sospecha esté fundada, es decir, apoyada en datos concretos y objetivos", y en este caso la Policía sólo recogía la posibilidad de que los acusados mintiesen, según la letrada.
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