El Gobierno de Madrid ha aprobado este jueves un anteproyecto que adapta la ley de cajas aprobada por la Asamblea regional a la LORCA y "acepta en todos sus términos las razones que motivaron" la interposición del recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno de España. Así, anula la limitación al 30% de la representatividad de los ayuntamientos y simplifica los requisitos para ser consejero general por el concepto de impositores.

Lo ha anunciado este jueves el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha acordado remitir el anteproyecto de Ley de Cajas al Consejo Económico y Social con el fin de que, una vez haya dado su informe, enviarlo como proyecto de ley a la Asamblea y que ésta lo tramite "por vía de urgencia".

Ante el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central, y pese a que el equipo de Esperanza Aguirre sigue pensando que la anterior legislación aprobada en la Asamblea de Madrid "es plenamente constitucional", ahora se presenta este nuevo anteproyecto que suprime los principales puntos que causaron polémica con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, es decir, el relativo a la limitación al 30% de los representantes que el Ayuntamiento podía tener en la Asamblea de la entidad.

El objetivo, ha dicho González es evitar "conflictos" con el Estado y generar "un marco legal de normalidad y tranquilidad" que permita que el proceso electoral en Caja Madrid se pueda llevar a cabo en los plazos que marca la ley.

"Se simplifican los requisitos"

Ahora, "se quita la limitación a la representatividad de los ayuntamientos, que será directamente en relación a los depósitos y sin corrección de la proporcionalidad, por lo que los consistorios y las comunidades autónomas tendrán la representación que les corresponda en función de los depósitos que tengan donde la caja tenga sucursales".

Además, González añadió que "se simplifican los requisitos para ser consejero general por los impositores, limitando a 150 euros el saldo medio y a diez los movimientos semestrales, frente a los 600 euros y los 50 movimientos de antes, y se simplifican todos los requisitos establecidos en la anterior Ley".

Ahora, el texto se tramitará por la vía de urgencia para ajustarse "a los plazos previstos por la legislación básica, de cara a poner en marcha el proceso de renovación electoral", apostilló el vicepresidente regional.