Las demandas urbanísticas de la capital superan el filtro de la Junta

  • Aprueban la adaptación del PGOU vigente.
  • El trámite permite desbloquear «muchas peticiones particulares» y necesidades de la ciudad.
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Las delegaciones de Vivienda y Cultura han emitido sendos informes favorables aprobando la adaptación del PGOU vigente propuesta por el Ayuntamiento. Dicho así suena a chufla, si bien el trámite que puede dormir de aburrimiento tiene una serie de repercusiones en la ciudad.

En primer lugar, responde a las «necesidades urbanísticas de la capital», en palabras de la edil de Urbanismo, Isabel Nieto. Esto es, permite desbloquear «multitud de expedientes de particulares», aparcados desde hace varios años y que «no podíamos tramitar hasta que el PGOU no estuviese adaptado» a la nueva Ley de Suelo de Andalucía.

Por ejemplo, cualquier petición a nivel particular que implicase una innovación del planeamiento urbanístico como solicitar la conversión de una zona unifamiliar proyectada «en una zona de edificios de varias plantas», explica Nieto.

El hecho de haber pasado el filtro autonómico implica también que puedan retomarse expedientes como el de la privatización del subsuelo público en Santa Adela.

Otra de las consecuencias tiene que ver con demandas vecinales. Así ocurre, por ejemplo, en Lancha del Genil, donde se había pedido el cambio de uso de una parcela para destinarla a un colegio. Igual sucede en otras zonas de la capital con terrenos solicitados para centros de salud o culturales.

Nuevas VPO

La adaptación del trazado urbanístico de la ciudad incluye el aumento entre un 25% y 30% de la construcción de VPO en los nuevos suelos a desarrollar, algo más de 7.000 a corto y medio plazo.

El documento municipal se aprueba de forma definitiva en el pleno de este mes y, a partir de ahí, toca dar salida a los todos expedientes.

Las del Albaicín, aún en curso

El hecho de que la Junta haya aprobado el documento no implica que el Albaicín tenga vía libre. De hecho, los permisos de reformas siguen paralizados, ya que dependen de que se apruebe el nuevo Plan Albaicín que actualmente estudia Cultura.

Igual ocurre con las viviendas de Canto Grande, que deben esperar a que se apruebe el nuevo PGOU para salir de su ilegalidad.

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