La fiscalía ha pedido a la Generalitat que justifique el encargo de varios informes por parte de diferentes conselleries del Ejecutivo catalán ante la sospecha de que podrían tener una "dudosa" utilidad.
Según ha avanzado la cadena SER, la investigación se centra sobre todo en por qué la Generalitat encargó a una agencia de detectives de Barcelona este informe sobre la avellana , por el que pagó 30.000 euros pese a que está elaborado en gran parte con recortes de la normativa europea en materia de subvenciones.
El ministerio público acordó en mayo pasado, tras una denuncia presentada por el sindicato de funcionarios Manos Limpias, abrir diligencias contra siete consellers de la Generalitat por una presunta malversación de fondos al encargar informes de dudosa utilidad a personas afines al ejecutivo.
Los dirigentes afectados son los de Interior, Joan Saura; Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila; Agricultura, Joaquim Llena; Salut, Marina Geli; el anterior conseller de Governació i Administracions Públiques, Joan Puigcercós; Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal; y Cultura, Joan Manuel Tresserras.


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