El Juzgado de Menores número 7 de Madrid revisará este martes la situación procesal de Ramón S. G., alias 'Ramón' , uno de los tres menores condenados por el brutal asesinato de la joven Sandra Palo, a quien en la madrugada del 17 de mayo de 2003 secuestraron, violaron, atropellaron hasta 15 veces y quemaron viva.

A 'Ramón' se le condenó por su participación en el crimen a ocho años de internamiento y cinco de libertad vigilada, la misma pena que se impuso a José Ramón M. M., 'Ramoncín'. Al cumplir la mayoría de edad, otro de los menores implicados, Rafael G. F., 'Rafita', abandonó en junio de 2007 el centro de menores 'Renasco' tras cumplir cuatro años de condena. Ahora, extingue el resto de la medida judicial impuesta en régimen de libertad vigilada.

Pronto será mayor de edad

En la vista de mañana, el fiscal y los abogados de las partes estudiarán la propuesta realizada de oficio por el Juzgado para que 'Ramón' pase de un régimen cerrado a uno semiabierto al cumplir en breve la mayoría de edad. Para su traslado, será fundamental lo que manifieste el equipo psico-social que examinó a 'Ramón' en el centro de menores donde está internado.

El juez de Menores número 7, encargado de ejecutar la sentencia condenatoria, propuso de oficio la modificación de la situación procesal del joven a merced de lo dispuesto en la Ley que regula la Responsabilidad Penal de los Menores respecto al cambio de situación procesal de los menores condenados al cumplimiento los 18 años. Si se acuerda su traslado, el joven deberá asistir a unos cursos formativos para adaptarse al nuevo régimen, que le permitirá salir a la calle.

El abogado de la familia de Sandra Palo, Jesús Garzón, adelantó que solicitarán que el joven se mantenga en régimen cerrado por la gravedad de los delitos que cometió. En el caso de 'Rafita', Garzón pidió al juez que cumpliera los tres años de libertad vigilada fuera de la Comunidad para evitar cualquier contacto con la familia de la joven.

El único adulto condenado fue Francisco Javier Astorga, 'El Malaguita' , a quien se le penó con 64 años de prisión. La Audiencia Provincial de Madrid le consideró "responsable penal en concepto de autor de un delito de detención ilegal, tres delitos de violación y un delito de asesinato ya definidos y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal".